La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció este jueves la actualización de los montos de la contribución especial destinada a la gestión integral de residuos sólidos, conforme a lo dispuesto en la Ley 98-25, promulgada el 15 de diciembre de 2025.
La nueva normativa introduce modificaciones a la Ley 225-20, específicamente en su artículo 36, que establece una contribución obligatoria para la creación de un fondo orientado a mitigar los impactos ambientales derivados de la disposición de desechos y a fortalecer el sistema nacional de manejo de residuos.
¿A quiénes aplica la contribución?
La DGII precisó que esta obligación recae sobre todas las personas jurídicas, incluyendo asociaciones sin fines de lucro, patrimonios autónomos, entidades gubernamentales y cualquier organización que reporte ingresos anuales ante la administración tributaria, independientemente de que generen beneficios o no.
La ley establece que la contribución entra en vigencia a partir del cierre fiscal del año 2025, por lo que deberá ser aplicada desde el ejercicio correspondiente al 31 de diciembre de 2025.
Nuevos montos según nivel de ingresos
Con la entrada en vigor de la Ley 98-25, los aportes se calcularán de acuerdo con los ingresos brutos declarados por cada entidad durante el año fiscal:
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Ingresos de hasta RD$1,000,000: RD$3,000
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De RD$1,000,001 a RD$10,000,000: RD$6,000
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De RD$10,000,001 a RD$25,000,000: RD$20,000
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De RD$25,000,001 a RD$50,000,000: RD$155,000
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De RD$50,000,001 a RD$100,000,000: RD$260,000
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Más de RD$100,000,000: RD$675,000
La DGII explicó que estos valores representan un incremento significativo respecto a la legislación anterior, en la que los aportes oscilaban entre RD$500 y RD$260,000, dependiendo del nivel de facturación.
Reacciones del sector productivo
Diversos sectores empresariales han manifestado su rechazo a los aumentos, argumentando que los nuevos montos resultan excesivos y podrían afectar la sostenibilidad financiera de muchas empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) expresó su preocupación por el impacto que estas modificaciones podrían tener sobre el clima de inversión. La entidad advirtió que el incremento de tarifas y los mayores costos de cumplimiento podrían desincentivar la inversión privada y frenar iniciativas de sostenibilidad ambiental impulsadas por el sector empresarial.
Pese a las críticas, la DGII reiteró que la aplicación de la Ley 98-25 es de carácter obligatorio y forma parte de los esfuerzos del Estado para fortalecer la gestión ambiental y reducir los efectos negativos de los residuos sólidos en el país.
