El Ministerio Público continuó este jueves la presentación de su acusación en el caso Coral, un proceso judicial que involucra a altos oficiales militares y policiales acusados de defraudar al Estado dominicano por más de 4,500 millones de pesos entre los años 2012 y 2020.
Durante la audiencia, los fiscales expusieron nuevos detalles sobre el presunto entramado de corrupción, que operaba a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) —hoy Politur— y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Según el órgano acusador, el exjefe del Cusep, Adán Cáceres Silvestre, encabezó la red y, con la colaboración de otros implicados, habría falseado declaraciones juradas, ocultado ingresos y adquirido bienes inmuebles de alto valor que no guardaban relación con su capacidad económica.
Uso de asociaciones y testaferros
Entre las entidades señaladas figura la Asociación Campesina Madre Tierra, una organización sin fines de lucro domiciliada en Sabana Grande de Boyá, que presuntamente formó parte del esquema para ocultar bienes adquiridos de manera irregular.
El fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), indicó que dicha asociación administraba un terreno con naves avícolas altamente modernas y climatizadas, valoradas en aproximadamente 3.8 millones de dólares al momento de iniciarse la investigación.
“El análisis de los ingresos del imputado Adán Cáceres, aun multiplicados varias veces, no justifica la magnitud de esta inversión”, sostuvo el representante del Ministerio Público.
Pérez Fulcar explicó que los terrenos no figuraban a nombre de la asociación, sino de los acusados Kelman Santana y del teniente coronel de la Fuerza Aérea Erasmo Roger Pérez, quienes presuntamente prestaban sus nombres para facilitar la adquisición de propiedades vinculadas al principal imputado.
Empresas ficticias y lavado de activos
La acusación describe una estructura criminal integrada por más de veinte oficiales policiales y militares, así como familiares y allegados, que habría utilizado empresas y organizaciones religiosas para el lavado de activos y la adquisición de bienes.
Entre las entidades señaladas se encuentran Único Real State e Inversiones, S.R.L., CSNA Universo Empresarial, S.R.L., la Asociación Campesina Madre Tierra, y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, entre otras.
De acuerdo con el expediente, estas compañías eran utilizadas para simular la provisión de combustibles y materiales gastables a instituciones del Estado, servicios que nunca se ejecutaban. Posteriormente, se realizaban cuadres contables ficticios para superar auditorías y desviar fondos públicos.
Imputados y curso del proceso
Además de Cáceres Silvestre, enfrentan juicio de fondo el financiero Rafael Núñez de Aza, el exsubjefe del Cusep Julio Camilo de los Santos Viola, el general Boanerges Reyes Batista, el capitán Franklin Mata Flores, y el exdirector de Cestur, general Juan Carlos Torres Robiou, entre otros.
También figuran como imputados el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón y la exgerente de Banreservas Esmeralda Ortega Polanco.
El Ministerio Público informó que concluirá su exposición el próximo martes, cuando presentará formalmente la solicitud de penas para cada acusado, en un proceso que culminará con una sentencia absolutoria o condenatoria.
