Cada año, el 25 de enero, Día del Servidor Público, nos invita —más allá de los discursos y los protocolos— a reflexionar sobre la esencia de quienes sostienen la maquinaria del Estado. Esta fecha no debería limitarse a una celebración formal; debería constituir un recordatorio profundo de lo que significa realmente servir a la sociedad y de lo que la ciudadanía espera de quienes ocupan cargos de responsabilidad.
El servicio público, en su concepción más genuina, no es una posición de privilegio ni un premio político; es una vocación que se nutre del compromiso ético, la preparación técnica y la sensibilidad social. La Constitución dominicana y la Ley 41-08 de Función Pública colocan al ciudadano en el centro de la gestión estatal, recordándonos que toda autoridad existe para servir y no para servirse. Sin embargo, entre ese ideal normativo y la experiencia cotidiana de la población persiste una brecha.
La sociedad dominicana enfrenta hoy crecientes demandas de eficiencia, transparencia y resultados concretos. En este contexto, el rol del servidor público adquiere un carácter estratégico: no basta con ocupar un cargo; se requiere comprender el impacto social de cada decisión, pues toda política pública —o su ausencia— incide directamente en la vida de millones de personas.
Hablar de meritocracia implica mucho más que repetir un concepto recurrente. Exige reconocer que el acceso a posiciones de responsabilidad debe sustentarse en la formación, la experiencia y, sobre todo, en un historial de servicio genuino. Un Estado sólido no se construye únicamente con títulos académicos, sino con trayectorias que evidencien compromiso con lo colectivo, conocimiento de la realidad social y auténtica capacidad de escucha.
En ese sentido, resulta imprescindible valorar un currículo de servicio social previo al ejercicio del poder. Quien aspira a tomar decisiones que afectan comunidades enteras debería haber caminado, al menos simbólicamente, junto a ellas. Conocer de primera mano las carencias de los barrios, las limitaciones de los servicios básicos y las frustraciones ciudadanas no solo humaniza la gestión pública, sino que la vuelve más empática y eficaz.
La función pública exige integridad, pero también visión. Integridad para resistir la tentación del beneficio personal y visión para comprender que el desarrollo sostenible no se alcanza con soluciones inmediatas y aisladas, sino mediante políticas coherentes, planificadas y orientadas al bien común. El servidor público íntegro entiende que su paso por el Estado es temporal, pero que las consecuencias de sus decisiones pueden ser duraderas.
No se trata de desconocer los avances ni de descalificar a quienes, desde distintas áreas, desempeñan su labor con responsabilidad y entrega. Reconocer a los servidores comprometidos y a los funcionarios públicos que honran su rol es fundamental para dignificar la función pública y convertirlos en referentes sociales. Sin embargo, también debemos asumir que aún queda camino por recorrer para consolidar una cultura institucional donde la ética, la eficiencia y el mérito sean la norma y no la excepción.
La República Dominicana necesita servidores públicos que actúen como puentes entre el Estado y la sociedad, gestores de soluciones y garantes de derechos. Funcionarios que conciban el poder como un instrumento de transformación social y no como un fin en sí mismo. Y, de igual forma, necesita ciudadanos vigilantes y participativos, conscientes de que un mejor servicio público comienza también con mayores exigencias colectivas.
En este Día del Servidor Público, más que celebrar cargos, reivindiquemos principios. Recordemos que servir al Estado es, en esencia, servir a la gente. Que la legitimidad no la otorga un nombramiento, sino la coherencia entre el discurso y la práctica. Y que el verdadero legado de un servidor público no se mide por el tiempo que ocupó un puesto, sino por el impacto positivo que dejó en la vida de los demás.
Por: Yuringrid Dandrade
