El anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia ha vuelto a colocar en el centro del debate la situación de seguridad en la frontera colombo-ecuatoriana, una zona afectada en los últimos años por el avance del narcotráfico y el crimen organizado.
La medida fue presentada por el Gobierno ecuatoriano en un contexto marcado por el incremento de la violencia interna y la presión de redes criminales transnacionales, cuya dinámica se ha transformado desde la pandemia, según coinciden análisis regionales citados por la agencia EFE.
Especialistas en seguridad y relaciones internacionales señalan que, tras las restricciones globales derivadas de la covid-19, se produjo una reorganización de las rutas del narcotráfico, con Colombia consolidándose como principal productor de cocaína, mientras que países vecinos, como Ecuador, comenzaron a asumir etapas clave del procesamiento y la exportación de la droga.
Este reordenamiento ha tenido impacto directo en la frontera común, aumentando la actividad de organizaciones delictivas, la circulación de recursos ilícitos y la presión sobre las instituciones de seguridad ecuatorianas, especialmente en el sistema penitenciario, donde desde 2021 se han registrado numerosos episodios de violencia.
En el ámbito diplomático, la decisión de imponer aranceles fue interpretada como una acción unilateral que afecta una relación bilateral históricamente estrecha entre ambos países andinos. El anuncio se produjo luego de que el Gobierno ecuatoriano señalara una supuesta falta de cooperación colombiana en la lucha contra el narcotráfico.
Ante estos señalamientos, Colombia defendió su gestión en materia de seguridad fronteriza, destacando el incremento de operaciones conjuntas y el intercambio de información entre ambas naciones. Datos oficiales del Ministerio de Defensa colombiano indican que las incautaciones de clorhidrato de cocaína en municipios fronterizos con Ecuador aumentaron de forma sostenida, al pasar de 86,786 kilos en 2023 a 132,354 en 2024, y alcanzar 195,862 kilos en 2025.
Asimismo, las autoridades colombianas reportaron avances en erradicación de cultivos ilícitos en departamentos limítrofes como Putumayo y Nariño, además de operativos coordinados que incluyeron capturas, deportaciones, rescates y desarticulación de estructuras criminales con presencia transnacional.
El anuncio de los aranceles también coincidió con decisiones posteriores, como la suspensión de la venta de electricidad de Colombia a Ecuador, lo que incrementó la tensión bilateral.
De acuerdo con los análisis recogidos por EFE, el escenario actual plantea la necesidad de reactivar los mecanismos de cooperación binacional, reforzar el trabajo conjunto en materia policial y de inteligencia, y abordar el narcotráfico desde una perspectiva regional, dada la naturaleza transfronteriza del fenómeno.
