La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitará condenas que oscilan entre cinco y veinte años de prisión, conforme a lo establecido en la legislación vigente, contra los imputados en los casos Coral y Coral 5G, procesos judiciales que involucran a altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
La información fue ofrecida este martes por la directora de la Pepca, Mirna Ortiz, quien explicó que la severidad de las penas dependerá del grado de participación individual de cada acusado dentro del presunto entramado de corrupción administrativa.
Ortiz indicó que el Ministerio Público inició la semana pasada la presentación de sus conclusiones ante el tribunal y que el proceso se encuentra en una fase avanzada. Precisó que restan alrededor de diez imputados por presentar sus conclusiones particulares.
Asimismo, señaló que los tiempos procesales no son estrictos, explicando que tanto la audiencia del martes pasado como la celebrada este martes comenzaron con retrasos, debido a compromisos del tribunal y a situaciones logísticas relacionadas con el traslado de los imputados.
Contexto del caso Coral y Coral 5G
Los casos Coral y Coral 5G constituyen uno de los expedientes de corrupción más relevantes de los últimos años en la República Dominicana. Según el Ministerio Público, la red operó durante varios años mediante el uso irregular de fondos públicos asignados a organismos de seguridad del Estado, incluyendo el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
De acuerdo con la acusación, los imputados habrían creado un esquema para desviar recursos mediante nóminas ficticias, pagos irregulares y la utilización de testaferros, con lo que presuntamente defraudaron al Estado dominicano por más de RD$4,000 millones.
El principal señalado por el Ministerio Público es el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, a quien se le atribuye haber encabezado la estructura criminal, junto a otros altos mandos militares y policiales.
El Ministerio Público sostiene que estos procesos representan un paso significativo en la lucha contra la corrupción administrativa y en el fortalecimiento del sistema de justicia, al tratarse de casos que involucran a figuras de alto rango dentro de los cuerpos de seguridad del Estado.
