La Patagonia argentina atraviesa una de las peores temporadas de incendios forestales de las últimas décadas. Desde el comienzo del verano austral, el fuego ya devastó más de 45.000 hectáreas de bosques, áreas protegidas, viviendas e infraestructura, en un escenario marcado por condiciones climáticas extremas y una disminución de recursos estatales para la prevención y el combate de las llamas.
Uno de los focos más críticos se localiza en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, donde unas 20.000 hectáreas de zonas montañosas cubiertas de vegetación fueron afectadas por un incendio que se habría iniciado tras la caída de un rayo en diciembre. Pese al trabajo constante de brigadistas y bomberos, el fuego continúa avanzando hacia áreas residenciales cercanas.
A unos 200 kilómetros al sur, otro incendio de gran magnitud en el área conocida como Puerto Patriada ya superó las 23.000 hectáreas quemadas, provocando importantes daños en viviendas de las localidades turísticas de Epuyén y El Hoyo. En tanto, en la zona de El Turbio, también en Chubut, se registraron cerca de 3.000 hectáreas incendiadas desde comienzos de 2026.
A estos siniestros se suman otros focos menores distribuidos en distintos puntos de la región patagónica, cuyo impacto total aún no pudo ser determinado. Para enfrentar la emergencia, se desplegaron recursos a nivel local, provincial y nacional, con la participación de cientos de bomberos, brigadistas y voluntarios, además de helicópteros y aviones hidrantes. Incluso, efectivos provenientes de Chile colaboran en las tareas de combate.
Especialistas señalan que, si bien el verano favorece la propagación del fuego en el bosque andino-patagónico, el aumento de las temperaturas, la escasez de lluvias y la menor acumulación de nieve incrementan notablemente el riesgo de incendios. En algunos casos, como en Puerto Patriada, la Justicia investiga un posible origen intencional, aunque descarta por el momento hipótesis vinculadas a grupos extremistas.
Organizaciones ambientalistas advierten que los recortes presupuestarios agravan la situación. Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Gobierno nacional ejecutó solo el 75 % del presupuesto destinado al manejo del fuego y redujo en un 71 % los fondos aprobados para la prevención y el combate de incendios en 2026. Ante este panorama, los gobernadores de las provincias afectadas solicitaron al Congreso la declaración de la Emergencia Ígnea nacional.
Desde Greenpeace y FARN coinciden en que la prevención es la herramienta clave para evitar catástrofes de esta magnitud, ya que una vez que el fuego se expande resulta muy difícil controlarlo sin precipitaciones. La superficie arrasada en Chubut, señalan, equivale al doble de la extensión de la ciudad de Buenos Aires, lo que dimensiona la gravedad del desastre ambiental.
