Santo Domingo. — La nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas (Ley 47-25) y su reglamento de aplicación establecen que toda publicidad oficial del Estado deberá contratarse directamente con los medios de comunicación y plataformas digitales, prohibiendo de manera categórica la participación de agencias publicitarias u otros intermediarios que puedan encarecer o distorsionar los costos del servicio.
El artículo 167 del reglamento detalla que la contratación directa solo será válida cuando la orden de compra o el contrato se firme con el medio de comunicación o la plataforma titular del espacio de difusión, incluyendo prensa escrita, radio, televisión, sitios web, redes sociales y servicios de streaming.
El reglamento enfatiza que no puede existir intermediación comercial que aumente los precios, reforzando así los principios de eficiencia, transparencia y uso responsable de los fondos públicos. Además, establece que los medios contratados deben estar legalmente constituidos y debidamente registrados ante las autoridades competentes, y que las contrataciones deben alinearse con las políticas de publicidad oficial del Poder Ejecutivo.
Un punto importante es que la excepción de contratación directa no incluye la creación o producción del contenido publicitario, definiendo claramente los límites de este mecanismo y evitando interpretaciones arbitrarias en el manejo del gasto.
Con esta normativa, el Gobierno dominicano busca ordenar el gasto en publicidad oficial, fortalecer la relación directa con los medios formales y eliminar intermediarios innecesarios, en concordancia con la política de modernización y transparencia del Estado impulsada por el presidente Luis Abinader.
