La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió posponer para este miércoles a las 2:00 de la tarde la audiencia de revisión de las medidas de coerción impuestas a los imputados en el caso de supuesto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La decisión se produjo debido al retraso en el desarrollo de la sesión y a que aún restaban intervenciones de la defensa.
El tribunal conoce dos recursos: uno busca que los imputados que gozan de arresto domiciliario sean trasladados a prisión preventiva, mientras que el otro solicita modificar las medidas que afectan a los procesados que cumplen prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Al concluir la jornada, el abogado Miguel Valerio, representante legal de Santiago Hazim, explicó que la audiencia no pudo finalizar debido a la extensión de los debates. “Tuvimos que interrumpir por el avance de la hora. La audiencia se reanudará mañana a las dos de la tarde, y únicamente se tratarán las exposiciones que faltan de la defensa”, indicó.
Valerio también cuestionó la resolución que se impugna, calificándola de “arbitraria y sin respaldo jurídico”. El jurista insistió en que la medida debe ser revisada conforme a los parámetros legales vigentes.
Por su parte, el abogado Miguel Surun Hernández, querellante en representación de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y la Fundación Primero Justicia, reiteró que los imputados con arresto domiciliario deben pasar a prisión preventiva. Además, discrepó con la estimación del monto del presunto fraude presentada por el Ministerio Público, señalando que, según sus cálculos tras dos años de investigación, el desfalco ascendería a 43 mil millones de pesos, muy por encima de los 15 mil millones reportados oficialmente.
“Se trata de recursos destinados a la salud de los sectores más vulnerables. No es un hecho administrativo menor, es un atentado contra el sistema de seguridad social”, enfatizó Surun Hernández, quien rechazó cualquier tipo de acuerdo que pudiera favorecer a los imputados.
Entre los procesados figuran Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen arresto domiciliario; Cinty y Heidi tienen además impedimento de salida del país y una garantía económica de 100 mil pesos. También están implicados Santiago Marcelo Hazim Albany, exdirector de SeNaSa, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, todos recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras bajo prisión preventiva.
