Las relaciones económicas entre Panamá y China atraviesan su momento más tenso desde el establecimiento de vínculos diplomáticos en 2017, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá anuló la concesión portuaria operada por CK Hutchison Holdings.
Según informes de Reuters y Bloomberg, autoridades chinas habrían instruido a empresas estatales suspender negociaciones sobre nuevos proyectos en Panamá, afectando sectores clave como infraestructura, logística, telecomunicaciones y energía. Esta medida pone en riesgo inversiones potenciales valoradas en miles de millones de dólares.
De manera paralela, funcionarios aduaneros de China comenzaron a someter productos panameños, como el café, a inspecciones más estrictas, lo que ha provocado retrasos en la importación, incremento de costos logísticos y un impacto directo en la competitividad de los exportadores panameños en el mercado asiático.
El fallo judicial, respaldado por el presidente José Raúl Mulino, declaró ilegal la concesión de dos puertos estratégicos vinculados al Canal de Panamá, debido a irregularidades legales en el contrato. Desde Pekín, la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao expresó “profunda preocupación” y advirtió que la decisión podría afectar la confianza de los inversionistas chinos en Panamá.
