La República de Haití se encuentra al borde de una crisis institucional a solo un día de que expire el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), lo que podría agravar la compleja situación política, social y económica que atraviesa el país. Durante el último año, casi 6.000 personas perdieron la vida a causa de la violencia generada por bandas armadas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para contenerlas.
Hasta ahora, los actores políticos no han logrado alcanzar un acuerdo sobre la gobernanza del país, dejando una incertidumbre total, señaló el economista Enomy Germain a EFE.
La semana pasada, el CPT anunció un proceso para reemplazar al actual primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, por un jefe de Gobierno interino en un plazo máximo de 30 días. La propuesta fue rechazada por organismos internacionales y varios países, incluidos Estados Unidos, que revocó visados a dos consejeros del Consejo y a sus familiares por presuntos vínculos con pandillas y organizaciones criminales.
Como parte de la Operación “Lanza del Sur”, la Embajada estadounidense informó la llegada de tres buques de la Marina a Puerto Príncipe, con el objetivo de garantizar un Haití “más seguro y próspero”.
Violencia y deterioro económico
Durante los 22 meses de mandato del CPT, más de 10.000 personas han sido asesinadas, mientras que el control territorial de las bandas en la región metropolitana de Puerto Príncipe aumentó del 80 % al 90 %, según la ONU. Nuevas zonas de ciudades de provincia también están bajo el dominio de grupos armados.
El Consejo no ha logrado organizar elecciones, restablecer la seguridad ni avanzar en la revisión constitucional, dejando estancado el Estado de Derecho y la justicia.
La economía haitiana sigue deteriorándose. Germain calificó la gestión del CPT como “vergonzosa y catastrófica”, destacando que el crecimiento económico fue negativo en 2024 (-4,2 %) y 2025 (-2,7 %). El empleo en el sector textil, uno de los más importantes, cayó de 32.084 a unas 20.000 personas, mientras que la inseguridad alimentaria aumentó de 4,5 a 5,7 millones de personas. Solo se utilizó el 25 % del presupuesto de inversión previsto para el último ejercicio.
Para Germain, la inseguridad sigue siendo el principal problema del país, que condiciona directamente la economía: “El CPT debería haber abordado esta cuestión de manera prioritaria, pero sus miembros solo se han guiado por intereses personales”, afirmó, insistiendo en la necesidad de institucionalizar el país y regularizar el proceso electoral para poner fin a los gobiernos de transición.
