La defensa del exministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz, afirmó este viernes durante la audiencia preliminar del caso Calamar que los RD$21 mil millones señalados por el Ministerio Público “nunca tuvieron origen en recursos del Estado dominicano”.
La abogada María del Pilar Zuleta, integrante del equipo legal del exfuncionario, explicó que las pruebas presentadas en el tribunal demuestran que el monto cuestionado corresponde a operaciones interinstitucionales de financiamiento gestionadas con el Banco de Reservas, y no a retiros indebidos de las arcas públicas.
“Hoy quedó claramente establecido, no con argumentos sino con pruebas, que los RD$21 mil millones nunca salieron del Estado dominicano”, subrayó Zuleta, destacando la transparencia de las transacciones y la trazabilidad de los recursos.
Cuestionamientos a la investigación del Ministerio Público
El equipo de defensa también criticó la validez de los 40 informes periciales presentados por el Ministerio Público, argumentando que no reflejan correctamente el flujo de los recursos ni su naturaleza financiera. Además, aseguraron que Guerrero Ortiz impulsó la digitalización y formalización de las bancas de apuestas, contribuyendo a desmantelar estructuras ilegales y fortaleciendo el control estatal sobre estas operaciones.
Por su parte, el abogado Eduardo Núñez enfatizó que para que existiera un presunto desfalco, el Estado debía haber perdido dinero. Según las certificaciones oficiales, esto no ocurrió, ya que los recursos permanecen bajo control del Banco de Reservas, reafirmando que no hubo detrimento de los fondos públicos.
Contexto del caso
El caso Calamar, uno de los procesos judiciales de mayor repercusión en los últimos años en República Dominicana, investiga presuntas irregularidades en el manejo de recursos asociados a licencias y operación de las bancas de apuestas. Guerrero Ortiz ha sostenido de manera constante que su gestión fue transparente y enmarcada en la legalidad, y la defensa busca demostrar que no existió malversación ni pérdida económica para el Estado.
El desarrollo de la audiencia preliminar continuará en las próximas semanas, con nuevas diligencias y la presentación de más pruebas por ambas partes. El caso mantiene la atención de la opinión pública debido a la magnitud de los recursos implicados y la figura del exministro, cercano a importantes decisiones financieras del país durante su gestión.
