Una magistrada francesa y su madre fueron secuestradas la semana pasada en Saint-Martin-le-Vinoux, en el departamento de Isère, por un grupo que reclamaba más de 1,6 millones de euros en criptodivisas a cambio de ponerlas en libertad. Las autoridades han detenido ya a seis sospechosos, entre ellos un menor de edad, vinculados a un comando que replicaba métodos propios de redes criminales organizadas.
El rapto ocurrió de madrugada, entre el martes y el miércoles, cuando varios individuos irrumpieron en la vivienda de la jueza, de 35 años. Tanto ella como su madre, de 67 años, fueron introducidas a la fuerza en el maletero de un vehículo, dejando en la casa rastros de sangre. Según la investigación, los secuestradores enviaron al marido de la magistrada —un ejecutivo de una firma de Lyon especializada en criptomonedas— una fotografía de la víctima acompañada de amenazas de mutilación si no se entregaba el rescate solicitado en bitcoins.
Las dos mujeres fueron halladas vivas el viernes por la mañana en un garaje de Bourg-lès-Valence, a unos 100 kilómetros del lugar del secuestro. Un vecino escuchó ruidos procedentes del local y, al abrir la puerta, las encontró atadas y heridas, tras lo cual fueron trasladadas al hospital.
Según medios franceses como Le Parisien, tres de los presuntos implicados fueron detenidos el sábado por la noche, mientras que los otros tres fueron arrestados el domingo. Dos de ellos intentaban huir hacia España en autobús, mientras que los restantes fueron capturados en zonas periféricas al oeste de Lyon.
De acuerdo con el fiscal de Lyon, Thierry Dran, la motivación principal del secuestro estaría relacionada con la actividad profesional de la pareja de la magistrada en el sector de los criptoactivos. El hombre habría explicado a los captores que no podía pagar el rescate porque ya había transformado sus criptomonedas en inversiones inmobiliarias.
Este caso se suma a una serie de secuestros y extorsiones dirigidos a empresarios y particulares vinculados al mundo de los activos digitales, un fenómeno que las autoridades europeas investigan ante el creciente auge de la “criptoviolencia”.
