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Recientes investigaciones de Transparencia Internacional y Transparencia Venezuela han revelado conexiones alarmantes entre altos funcionarios venezolanos y redes de narcotráfico, con la República Dominicana desempeñando un papel crucial en el tránsito de drogas hacia Europa. Las denuncias indican que desde 2018, la República Dominicana ha sido utilizada como un punto estratégico en el tráfico de estupefacientes, facilitando el movimiento de drogas desde Venezuela hacia el viejo continente.
Según los informes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Diosdado Cabello, actual ministro del Interior y Justicia de Venezuela, de ser el principal organizador de estas operaciones. Las pruebas sugieren que Cabello ha estado involucrado no solo en narcotráfico, sino también en lavado de dinero y corrupción, lo que le ha valido una recompensa de 10 millones de dólares desde 2020 para su captura.
La influencia de los actores venezolanos en la República Dominicana ha generado una creciente preocupación, especialmente dado que las investigaciones locales sobre estos delitos han avanzado a un ritmo lento. Solo tres investigaciones judiciales han sido abiertas en el país en relación con estas actividades, lo que resalta una falta de acción efectiva.
Uno de los casos más notorios involucra al Banco Peravia, donde se emitieron órdenes de arresto en 2015 contra banqueros venezolanos implicados en fraudes millonarios. Aunque algunos responsables han enfrentado condenas, el impacto de estos casos sigue siendo limitado en comparación con la magnitud del problema.
El seminario «República Dominicana y Venezuela: Desafíos de la Justicia y los Ciudadanos contra la Corrupción», organizado por Participación Ciudadana y otras entidades, abordó detalladamente estas cuestiones. Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, hizo un llamado a las autoridades dominicanas para que intensifiquen su lucha contra la corrupción y el narcotráfico relacionados con Venezuela.
La corrupción vinculada a Venezuela ha tenido un alcance global, afectando a 29 países con un incremento notable en actividades ilícitas. Las economías ilícitas generaron aproximadamente 13,703 millones de dólares en 2023, lo que representa el 15.67% del PIB de Venezuela.
Durante el seminario, también se discutió la necesidad de reformar las leyes internacionales para cerrar los vacíos legales que permiten a los facilitadores financieros evadir sanciones. José Ugaz, representante de Taskforce Venezuela, destacó la urgencia de endurecer las sanciones y mejorar la legislación para enfrentar eficazmente la corrupción transnacional.
Esta situación subraya la necesidad urgente de una colaboración internacional más estrecha para combatir la corrupción y el narcotráfico vinculados a Venezuela, y para asegurar que las redes delictivas no encuentren refugio en otros países como la República Dominicana.
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