La Asamblea Nacional de Venezuela postergó este jueves la aprobación definitiva de la esperada ley de amnistía para presos políticos, tras no alcanzar consenso sobre uno de los artículos clave que define el alcance del beneficio.
La legislación, impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, busca otorgar libertad plena a personas procesadas o condenadas durante los 27 años de gobiernos chavistas, desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 hasta la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, tras una incursión militar estadounidense.
El artículo que frenó el consenso
El debate quedó estancado en torno al artículo 7 del proyecto, que establece que la amnistía se aplicará a toda persona “que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas” ocurridos durante ese período.
La controversia surgió por una cláusula que exige que el beneficiario “esté a derecho o se ponga a derecho”, es decir, que comparezca ante los tribunales para formalizar el cierre de su causa.
La diputada opositora Nora Bracho argumentó que ese requisito es innecesario y que la amnistía debería aplicarse de forma automática. “No se puede amnistiar a alguien que desconoce o que no ha cometido ningún delito”, respondió la legisladora oficialista Iris Varela, quien sostuvo que quienes no hayan cometido ilícitos no tendrían por qué acogerse a la medida.
Ante la falta de acuerdo, tanto el oficialismo como la oposición coincidieron en diferir la discusión para preservar el clima de diálogo y conciliación.
Presión en las calles
La sesión parlamentaria coincidió con una masiva manifestación estudiantil por el Día de la Juventud, la primera gran movilización opositora desde la salida de Maduro del poder.
Miles de personas se concentraron en la Universidad Central de Venezuela (UCV) bajo consignas como “Amnistía ya” y “¡No tenemos miedo!”, en referencia a los meses de represión que, según organizaciones de derechos humanos, dejaron más de 2.000 detenidos tras las protestas por la cuestionada reelección de 2024.
La ONG Foro Penal contabiliza actualmente más de 600 personas privadas de libertad por razones políticas. La mayoría sostiene su inocencia.
“Pasamos mucho tiempo en la clandestinidad, en silencio por la represión. Hoy nos levantamos para exigir justicia”, declaró la estudiante Dannalice Anza, de 26 años.
