El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) entró este sábado en un cierre parcial indefinido, sin una previsión clara de reapertura, debido al estancamiento en el Congreso para aprobar el presupuesto federal y las marcadas diferencias entre republicanos y demócratas respecto a imponer mayores restricciones a las operaciones migratorias. La disputa política se intensificó tras la muerte de dos civiles en operativos realizados en Mineápolis en enero, lo que aumentó la presión para revisar los protocolos de actuación de los agentes.
La propia entidad informó que el 90% de sus 270.000 empleados está catalogado como “esencial”, por lo que continuará trabajando.
Sin embargo, si la paralización se prolonga, estos funcionarios dejarán de recibir sus salarios después del 18 de febrero, fecha programada para el pago correspondiente a las primeras dos semanas del mes.
Impacto en agencias clave
Las consecuencias del cierre serán especialmente sensibles para instituciones como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera de Estados Unidos y el Servicio Secreto, cuyos empleados mantendrán las misiones críticas, pero verán afectadas las operaciones rutinarias, los entrenamientos y los viajes oficiales. Asimismo, también enfrentarán la suspensión temporal de sus pagos.
No obstante, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) será una de las agencias menos afectadas, ya que el plan fiscal aprobado para 2025 le asigna 75.000 millones de dólares adicionales destinados a reforzar sus operaciones. Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recibió partidas extraordinarias que oscilan entre 60.000 y 70.000 millones de dólares.
Choque político en el Senado
El cierre se produjo luego de que el Senado fracasara en su intento de aprobar una propuesta de financiación respaldada por los republicanos. La bancada demócrata bloqueó de forma unánime la iniciativa al exigir que se establezcan límites claros a las actuaciones del ICE y la CBP, especialmente después de los episodios mortales en Mineápolis.
Los demócratas piden que los agentes migratorios muestren el rostro, porten identificaciones visibles y utilicen cámaras corporales, con el fin de garantizar transparencia y rendición de cuentas en los operativos.
Antes del naufragio legislativo, la Administración Trump anunció el fin de los grandes operativos migratorios en Mineápolis, en lo que parecía un intento de suavizar las tensiones. Sin embargo, la oposición consideró que esta medida era insuficiente y reclamó reformas más profundas.
La incertidumbre se mantiene, ya que el Congreso no tiene prevista una fecha para retomar sesiones en los próximos días.
Tercer cierre parcial bajo el mandato de Trump
Este es el tercer cierre parcial que ocurre durante la actual administración.
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El primero, del 1 de octubre al 12 de noviembre, se extendió por 43 días, convirtiéndose en el más prolongado de la historia.
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El segundo, a inicios de este mes, duró menos de cuatro días, tras aprobarse el presupuesto federal correspondiente al resto del año fiscal, excepto el de Seguridad Nacional.
Con este nuevo impasse, miles de empleados federales quedan trabajando sin remuneración y sin señales claras de que el bloqueo político tenga una solución inmediata
