El Estados Unidos destinó 40 millones de dólares para trasladar a 300 migrantes a terceros países durante el último año, según un informe divulgado por los demócratas del comité de Relaciones Exteriores del Senado.
La investigación, que se extendió por diez meses, analizó los convenios oficiales empleados para este tipo de expulsiones, que antes se aplicaban de manera “excepcional”, pero que bajo la administración del presidente Donald Trump se habrían convertido en procedimientos sistemáticos, según el reporte.
La senadora Jeanne Shaheen, quien encabezó la investigación, criticó que los fondos públicos se entreguen a gobiernos extranjeros sin considerar los costos humanos ni el posible impacto diplomático.
El documento señala que el gasto total hasta enero de 2026 es incierto, aunque probablemente supera los 40 millones de dólares. Más de 32 millones fueron transferidos directamente a cinco países: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palaos.
De los 300 migrantes enviados a naciones distintas a sus países de origen, 250 eran venezolanos trasladados a El Salvador en marzo de 2025. Los otros 51 —cuya nacionalidad no se especifica— fueron enviados a los demás países mencionados, principalmente a Guinea Ecuatorial y Eswatini.
El informe cuestiona que en muchos casos EE.UU. podía haber repatriado directamente a estas personas y destaca que más del 80 % de los enviados a terceros Estados ya regresaron o están en proceso de hacerlo. Incluso, en algunos casos, Washington pagó primero el traslado a un tercer país y luego un nuevo desembolso para enviarlos finalmente a su patria.
Los legisladores demócratas advirtieron que el Gobierno también busca revocar el estatus legal de miles de inmigrantes mediante la suspensión de beneficios como el TPS (Estatus de Protección Temporal) o permisos humanitarios, lo que podría aumentar las deportaciones a terceros países.
El informe concluye que estas operaciones son costosas e ineficaces, representan un uso cuestionable de los recursos públicos, financian gobiernos extranjeros sin suficiente supervisión, evaden la normativa migratoria estadounidense y carecen de transparencia tanto en los acuerdos como en su ejecución.
