La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó este miércoles que el proceso judicial contra varios exfuncionarios de los gobiernos del expresidente Danilo Medina no prescribe, al tratarse —según el Ministerio Público— de un caso de criminalidad organizada.
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz respondió a los argumentos de la defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero, la cual ha sostenido que el proceso debe extinguirse por el paso del tiempo y que no se ha probado la culpabilidad de su defendido.
La procuradora adjunta explicó que la acusación contra Guerrero y otros exministros, entre ellos Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, reúne las características propias de la criminalidad organizada o compleja.
“Se trata de un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos y crean estrategias para estafar al Estado”, argumentó Ortiz.
Imprescriptibilidad y plazo razonable
La titular de la Pepca sostuvo que tanto la legislación nacional como los tratados internacionales suscritos por la República Dominicana establecen que los delitos vinculados al crimen organizado son imprescriptibles. Citó disposiciones del Código Procesal Penal, así como criterios del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ese sentido, enfatizó que la extinción de la acción penal en casos de corrupción no puede determinarse mediante un “simple cálculo matemático” del tiempo transcurrido, debido a la complejidad de estos procesos y a las particularidades de cada expediente.
Ortiz aclaró además que la investigación que dio origen al sometimiento judicial no corresponde al interrogatorio realizado a finales de 2020 por una declaración jurada de patrimonio, sino a indagatorias iniciadas en 2021 por hechos relacionados con su gestión al frente del Ministerio de Hacienda.
Postura de la defensa
Por su parte, los abogados de Donald Guerrero han argumentado que el proceso se ha extendido por más de cinco años desde el primer interrogatorio y sostienen que su defendido es inocente, insistiendo en que el Ministerio Público no ha logrado demostrar responsabilidad penal.
El tribunal deberá decidir sobre los incidentes planteados en el marco de este proceso, considerado uno de los casos de mayor relevancia en materia de presunta corrupción administrativa en el país.
