La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, destacó la relevancia de la reciente reforma penal y legislativa para mejorar la eficiencia de la administración pública y combatir la corrupción durante la charla “Protegiendo lo nuestro con integridad”, dirigida a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Reynoso advirtió que la deshonestidad en el servicio público provoca un daño directo a los derechos humanos y al desarrollo social, incluso llegando a poner vidas en riesgo.
La funcionaria resaltó avances legislativos importantes, entre ellos:
- Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ley 155-17)
- Ley de Compras y Contrataciones Públicas (Ley 47-25)
- Código Procesal Penal (Ley 97-25)
- Código Penal (Ley 74-25)
- Ley de Extinción de Dominio (Ley 340-22)
Durante la actividad, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, subrayó que la transparencia y la ética no son solo discursos, sino un principio de vida para los servidores públicos. Destacó la participación de funcionarios de todas las regiones y reconoció la trayectoria de quienes cumplen 30 años en la institución.
La jornada también enfatizó la iniciativa “Protegiendo lo nuestro con integridad”, promovida por la doctora Milagros Ortiz Bosch desde la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), con el objetivo de sensibilizar a los servidores y a la sociedad sobre la importancia de la transparencia.
Reynoso ilustró los riesgos de la corrupción con un ejemplo concreto: la entrada de armas a través de aduanas debido a sobornos, lo que puede derivar en homicidios y robos. “La corrupción afecta gravemente los derechos humanos, la dignidad de las personas y el acceso a servicios esenciales”, subrayó.
La procuradora destacó la modernización del Código Penal, vigente desde 1884, para enfrentar delitos contemporáneos, incluidos los electrónicos, y resaltó la actualización de los procesos de compras estatales mediante la nueva Ley de Compras y Contrataciones.
Finalmente, recordó que el patrimonio público pertenece a la sociedad, no a los políticos ni al gobierno, y que protegerlo es responsabilidad de todos.
