Cerca de cuatro millones de personas que actualmente esperan en el extranjero por una visa de reunificación familiar podrían enfrentar demoras de varios años, debido a las políticas migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump, según advierte un reciente estudio de la coalición Value Our Families.
El informe, titulado “Inmigración basada en la familia y el primer año de Trump 2.0”, señala que las medidas adoptadas han debilitado estructuras históricas del sistema migratorio estadounidense, particularmente el mecanismo de reunificación familiar, considerado uno de los pilares en la concesión de residencias permanentes.
Restricciones y efectos en cadena
De acuerdo con la investigación, las restricciones de entrada que afectan a unos 44 países —entre ellos Cuba y Haití— han tenido un impacto directo en la separación prolongada de familias. A esto se suma la suspensión de emisión de visas aplicada a ciudadanos de otros 75 países, incluyendo varias naciones latinoamericanas.
El reporte advierte que estas decisiones han generado un efecto acumulativo que ralentiza significativamente los procesos migratorios, incrementando el número de solicitudes pendientes y extendiendo los tiempos de espera.
Un sistema bajo presión
Actualmente, las visas por reunificación familiar representan la mayor proporción de residencias otorgadas en Estados Unidos. Solo en el año fiscal 2024, el 63 % de las 1.3 millones de visas de inmigrante aprobadas correspondieron a esta categoría.
Dentro de ese grupo, unas 669,000 residencias fueron concedidas a familiares inmediatos —cónyuges, hijos menores solteros y padres de ciudadanos estadounidenses—, lo que evidencia la relevancia de este mecanismo en la política migratoria del país.
Sin embargo, el estudio alerta que las nuevas políticas no solo afectan a quienes esperan en el extranjero, sino también a quienes ya se encuentran dentro del territorio estadounidense.
Miedo e incertidumbre
La investigación también señala que el endurecimiento de las deportaciones ha generado temor entre potenciales solicitantes, incluso aquellos que cuentan con algún tipo de protección migratoria.
Un caso citado es el de María de Jesús Estrada Juárez, una mujer mexicana deportada apenas 24 horas después de acudir a una cita para regularizar su estatus, pese a estar amparada por el programa DACA.
Este tipo de situaciones, según los autores del informe, desalienta a muchas familias a continuar sus procesos legales por temor a represalias.
Consecuencias a largo plazo
Expertos en derechos migratorios advierten que el impacto de estas políticas podría extenderse durante años, afectando no solo a individuos, sino también a comunidades enteras.
Martin Kim, de la organización Asian Americans Advancing Justice, subrayó que los efectos de estas medidas “se sentirán durante los años venideros”, mientras que Becky Belcore, codirectora de NAKASEC, calificó el impacto como un “daño incalculable” para las familias migrantes.
En ese contexto, diversas organizaciones han hecho un llamado al Congreso estadounidense para que impulse reformas que permitan reducir los retrasos, proteger a los solicitantes y garantizar el funcionamiento efectivo del sistema de reunificación familiar.
