Bank of America alcanzó un acuerdo de 72.5 millones de dólares para resolver una demanda presentada por las víctimas de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de cientos de menores y mujeres adultas. El acuerdo se produce después de que el banco fuera señalado por supuestamente ignorar operaciones financieras sospechosas vinculadas con Epstein mientras este perpetraba sus delitos.
Según documentos judiciales recientes, el banco compensará económicamente a las víctimas sin admitir responsabilidad legal. La demanda sostenía que Bank of America había facilitado indirectamente la red de Epstein y se había beneficiado de su funcionamiento.
El litigio argumentaba que el banco desatendió transacciones financieras anómalas, incluyendo pagos por 170 millones de dólares que el multimillonario Leon Black habría realizado a Epstein desde cuentas del banco, supuestamente por servicios de planificación patrimonial y fiscal. La querella afirmaba que estas operaciones eran señales claras de alerta que la institución pasó por alto, contribuyendo a que Epstein consolidara la estructura necesaria para operar su esquema de explotación sexual.
El acuerdo fue informado el pasado 16 de marzo ante la corte federal de Manhattan, coincidiendo con la fecha en que se esperaba que Black prestara declaración como testigo clave. La institución bancaria declinó ofrecer comentarios a través de sus portavoces, y los términos exactos del acuerdo no fueron revelados.
En un comunicado, la abogada de las víctimas, Sigrid McCawley, destacó la valentía de quienes denunciaron los abusos y calificó el acuerdo como un paso significativo hacia la justicia para las víctimas.
La demanda original describía cómo Epstein mantenía bajo control financiero, emocional y psicológico a sus víctimas, incluyendo a una mujer identificada como «Jane Doe», a quien habría abusado sexualmente en múltiples ocasiones y coaccionado para que participara en actos sexuales con otras mujeres.
Este caso marca un avance en la búsqueda de responsabilidad corporativa en el contexto de redes de explotación sexual, aunque también resalta las complejidades legales de determinar la implicación de instituciones financieras en delitos de terceros.
