México concentra más acciones urgentes por desaparición forzada que cualquier otro país, registrando un repunte significativo en los últimos meses, según la más reciente actualización del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. El informe advierte sobre graves fallas estructurales en la búsqueda de víctimas y la protección de sus familiares.
De acuerdo con la organización I(dh)eas, el país acumula 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026, equivalentes al 38 % del total mundial. Solo en los cinco meses recientes (septiembre 2025 a febrero 2026) se registraron 40 nuevas solicitudes, más de un tercio del total global del período. El segundo país más señalado es Irak, con 669 casos.
Fallas recurrentes y riesgo de investigación internacional
El Comité reconoció que el Estado mexicano responde formalmente dentro de los plazos, pero señaló deficiencias continuas en la implementación, como:
- Ausencia de planes integrales de búsqueda.
- Retrasos en diligencias clave, como análisis de videovigilancia y telefonía.
- Investigaciones insuficientes sobre la posible participación de agentes estatales.
- Protección inadecuada para familiares y personas buscadoras.
El informe incluso documenta casos de represalias, como la desaparición de un padre que denunciaba la implicación de agentes de seguridad en la detención forzada de su hijo en Guanajuato.
I(dh)eas advirtió que la acumulación de casos y la falta de resultados podría activar el artículo 34 de la Convención, permitiendo al Comité iniciar una investigación internacional y remitir el caso a la Asamblea General de la ONU.
Desapariciones colectivas y participación presunta del Estado
El 30 % de las nuevas acciones urgentes se concentró en Chiapas, relacionadas principalmente con desapariciones colectivas de migrantes entre octubre y diciembre de 2024. Otros estados con altos registros incluyen:
- Jalisco: detenciones forzadas presuntamente por agentes estatales o personas haciéndose pasar por ellos.
- Sinaloa: casos vinculados a disputas territoriales y colusión de grupos criminales con autoridades.
- Baja California, Tamaulipas y Guanajuato: varios casos antiguos sin avances sustanciales.
Del total de víctimas, 65 % son hombres o niños, 35 % mujeres o niñas y 18 % menores de edad. Entre los expedientes se incluyen desapariciones de familiares que participaban activamente en la búsqueda de otros desaparecidos.
“Las cifras muestran una situación grave y persistente que evidencia deficiencias estructurales del Estado mexicano en materia de búsqueda e investigación”, señaló I(dh)eas al solicitar la difusión pública del informe completo.
