El Gobierno de México expresó este jueves su rechazo al informe presentado recientemente por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED), al calificarlo de «tendencioso» y carente de fundamentos jurídicos. A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y Gobernación (Segob) manifestaron su desacuerdo con el documento, subrayando que no considera los esfuerzos y avances emprendidos por la administración actual encabezada por Claudia Sheinbaum.
El informe del organismo internacional ubica a México como el país con el mayor número de «acciones urgentes» en relación con las desapariciones forzadas a nivel mundial, alertando sobre un repunte significativo de estos casos en los últimos meses. Según el informe, entre 2012 y febrero de 2026, México ha acumulado 819 solicitudes de acción urgente, lo que representa el 38% del total global. De estas, 40 nuevas solicitudes fueron registradas en solo cinco meses, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, lo que equivale a más de un tercio del total mundial en ese período.
El Gobierno mexicano, sin embargo, argumentó que el informe está basado en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, bajo los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sin tener en cuenta las acciones recientes de la administración actual para abordar este fenómeno. Las autoridades aseguraron que el Comité de la ONU omitió las mejoras institucionales y legislativas implementadas en los últimos años, e ignoró la información más actual que México ha proporcionado, incluyendo un informe detallado presentado el 27 de marzo.
Además, el Ejecutivo mexicano destacó que el propio informe reconoce que no existen pruebas de una política federal dirigida a cometer desapariciones forzadas de manera sistemática, lo que, según las autoridades, señala una diferencia significativa entre la situación actual y la de administraciones anteriores.
En su crítica, las autoridades mexicanas también pusieron en duda la imparcialidad del comité, señalando que al menos uno de sus miembros había tenido vínculos con organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano. A pesar de las críticas al informe, el Gobierno reiteró su compromiso para erradicar las desapariciones forzadas y su disposición a seguir colaborando con la comunidad internacional, siempre que dicha cooperación se base en diagnósticos objetivos y actualizados.
«No aceptamos evaluaciones construidas sobre premisas que no reflejan la realidad actual del país», concluyeron las autoridades mexicanas, reafirmando su compromiso con la justicia y los derechos humanos.
