A pocos días de cumplirse un año de la tragedia del Jet Set, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso la realización de un peritaje técnico privado solicitado por la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados en el caso.
La decisión fue tomada por el juez Reymundo Mejía Zorrilla, quien acogió parcialmente la petición de los abogados defensores, argumentando que dicho peritaje es indispensable para garantizar el derecho de defensa y la equidad procesal de los acusados.
Además, el magistrado ordenó la extracción completa de datos de un teléfono móvil vinculado al proceso, que será realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) como parte de las diligencias complementarias.
El juez recordó que la defensa había solicitado estas medidas durante la fase de investigación sin recibir respuesta oportuna del Ministerio Público, lo que permite, según el Código Procesal Penal, que sea el tribunal quien determine su viabilidad. La medida fue calificada como “idónea, razonable y proporcional”, al asegurar que permitirá a los investigados presentar y contrarrestar pruebas técnicas dentro del proceso, fortaleciendo una defensa efectiva y sustancial, más allá de la formalidad legal.
El peritaje estará a cargo de un grupo de ingenieros propuestos por la defensa, encabezada por el abogado Miguel Valerio, y abarcará evaluaciones estructurales, químicas y geotécnicas. Se investigarán posibles causas del colapso del establecimiento, incluyendo análisis de concreto, acero, corrosión, cargas estructurales y factores externos o humanos.
El tribunal estableció un plazo de 30 días hábiles para la realización de estos estudios, reduciendo significativamente la solicitud inicial de 21 semanas presentada por la defensa. Con los resultados, tanto el Ministerio Público como los abogados de los acusados deberán presentar sus conclusiones antes de un eventual juicio de fondo.
Los hermanos Espaillat permanecen bajo medida de coerción mientras se les investiga por presunto homicidio involuntario, tras la tragedia del pasado 8 de abril, que dejó 236 fallecidos y decenas de heridos.
El caso ha generado gran consternación en el país y continúa en la etapa intermedia del proceso judicial. La tragedia, que se cumple un año este miércoles, marcó uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de la República Dominicana, afectando profundamente a la sociedad y dejando un intenso llamado de justicia por parte de los familiares de las víctimas, que incluyen hombres y mujeres de todas las edades y diversos sectores de la comunidad.
