El Gobierno de Chile confirmó que no realizará una auditoría internacional para revisar el uso de los recursos públicos durante la administración pasada, una de las promesas más relevantes de campaña del presidente José Antonio Kast.
La vocera oficial, Mara Sedini, explicó que la decisión responde al alto costo que implicaría contratar firmas extranjeras, especialmente en un contexto de restricciones fiscales. En su lugar, el Ejecutivo optó por utilizar los mecanismos internos del Estado para llevar a cabo el proceso de fiscalización.
Según detalló, más de mil auditores ya están desplegados en más de 500 instituciones públicas a lo largo del país, y comenzaron a entregar los primeros resultados desde esta semana. La portavoz destacó que se trata de un ejercicio sin precedentes en el país por su alcance y magnitud.
Durante su campaña, Kast había planteado la contratación de auditoras internacionales de primer nivel con el objetivo de detectar posibles irregularidades, como sobreprecios, redes de operadores políticos y contrataciones indebidas. Sin embargo, tras asumir el poder, su administración reformuló esta estrategia en favor de una revisión interna.
El mandatario ha sido crítico de la gestión anterior, encabezada por Gabriel Boric, asegurando que dejó una situación económica compleja.
De acuerdo con cifras oficiales, el déficit fiscal estructural alcanzó en 2025 el 3,6 % del PIB, su nivel más alto en dos décadas. En paralelo, la economía creció un 2,6 %, la inflación cerró en 3,5 % y la deuda pública del Gobierno central llegó al 41,7 % del PIB, por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El Gobierno reiteró que su prioridad es resguardar los recursos públicos utilizando las herramientas disponibles, en medio de un escenario económico más complejo de lo previsto.
