El abogado Eduardo Jorge Prats ofreció contundentes declaraciones a través de la plataforma X, donde alertó sobre la presencia de un “populismo penal” extendido en diversos ámbitos del país, incluyendo autoridades gubernamentales, organizaciones políticas, sectores opositores y la sociedad civil.
El jurista calificó como inapropiado y claramente demagógico el anuncio realizado por Carlos Peña, asegurando que responde a fines electorales. A su entender, cualquier proceso judicial derivado de estas declaraciones tendría pocas posibilidades de avanzar ante el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales.
En ese contexto, defendió la fortaleza institucional del Banco de Reservas, resaltando sus estrictos sistemas de control, cumplimiento normativo y gobernanza. Indicó además que sus directivos, como Guillermo Estrella, deben inhibirse obligatoriamente de intervenir en decisiones cuando exista conflicto de interés, conforme a lo establecido por la normativa vigente.
Jorge Prats también consideró poco verosímiles las acusaciones, al explicar que el proyecto financiado de manera provisional por la entidad bancaria estaría próximo a recibir financiamiento sindicado, lo que permitiría reducir la exposición al riesgo. Asimismo, señaló que será clave comparar las tasas de interés con las de otras entidades financieras, tanto locales como internacionales, para determinar si hubo algún tipo de trato preferencial.
El abogado cuestionó además los intentos de implicar a pasados y actuales administradores del banco, así como al presidente de la República, calificando estas acciones como irresponsables y carentes de sustento
Hay populismo penal desde las autoridades, desde los partidos y desde la oposición y la sociedad civil. Hay populismo penal de la derecha, de la izquierda, también ambidextro e, incluso, manco. Este anuncio de Carlos Peña es desvergonzada y claramente populista, con fines… https://t.co/y4qV1DEJh2
— Eduardo Jorge Prats (@EdJorgePrats) April 10, 2026
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No obstante, enfatizó la necesidad de que las autoridades lleven a cabo una investigación objetiva, en favor de la transparencia, la lucha contra la corrupción y la preservación del buen nombre de los implicados. De igual manera, insistió en que deben sancionarse las denuncias infundadas y la difamación, así como establecer consecuencias legales si se comprueban irregularidades.
Finalmente, informó que la empresa Energía 2000 presentó una acción penal contra Carlos Peña, a quien acusa de presuntos delitos como chantaje, extorsión, difamación e injuria, tipificados en la legislación dominicana.
