La Fiscalía de Perú intervino este viernes un almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), donde se guardan actas y papeletas utilizadas en las recientes elecciones presidenciales, marcadas por denuncias de irregularidades y pérdida de material de sufragio.
El Ministerio Público informó que las diligencias buscan verificar el cumplimiento de las funciones de la ONPE respecto al manejo del material electoral, en un contexto de creciente desconfianza ciudadana.
Conteo lento y disputado
Los resultados parciales avanzan con lentitud, pues casi todas las actas pendientes han sido objetadas y deberán ser revisadas por tribunales electorales. Aún hay cerca de un millón de votos en juego.
Con el 93.3 % de avance, los conteos preliminares muestran como favorita para el balotaje a la derechista Keiko Fujimori, con 17 % de los sufragios. El izquierdista radical Roberto Sánchez (12 %) y el ultraconservador Rafael López Aliaga (11.9 %) se disputan estrechamente el segundo lugar, separados por apenas 13,000 votos.
(Nota: Los resultados son parciales y no oficiales; deberán ser confirmados por las autoridades electorales competentes.)
Papeletas en la basura
El hallazgo de cuatro cajas con 1,200 papeletas de sufragio en un contenedor de basura en Lima el jueves profundizó los cuestionamientos sobre el proceso. La irregularidad se suma a los retrasos en la entrega de material electoral que obligaron a extender la jornada de votación.
Reacciones políticas
El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, calificó el proceso como “fraude electoral” y pidió su “nulidad absoluta”. Incluso ofreció recompensas de 5,800 dólares a quienes presenten pruebas de irregularidades y convocó a sus seguidores a una marcha el domingo.
“Nos estamos jugando el futuro del país, el respeto a nuestros votos y el derecho de no quedarnos de brazos cruzados mientras otros deciden por todos”, escribió en sus redes sociales.
Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, declaró ante el Congreso que existen “serias irregularidades respecto del manejo y la función de la ONPE”.
El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, junto a otros tres funcionarios, ha sido denunciado por el JNE por supuestos delitos contra el sufragio.
Escenario de incertidumbre
La intervención fiscal y las denuncias contra autoridades electorales reflejan la fragilidad institucional en un proceso que debería definir el futuro político del país. La tensión aumenta mientras se espera la revisión de actas objetadas y la proclamación oficial de resultados.
Expertos advierten que la demora y las irregularidades pueden afectar la legitimidad del proceso electoral y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
