Santo Domingo.– El empresario José Ángel Gómez Canaán rechazó este viernes las imputaciones en su contra durante una audiencia celebrada en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde presentó su defensa frente al proceso judicial que impulsa el Ministerio Público.
Durante su intervención ante la jueza Yanibet Rivas, el empresario describió como “absurda” la acusación, señalando que decidió pronunciarse personalmente al considerar que los señalamientos carecen de fundamento, pese a que su equipo legal ya había respondido previamente.
Gómez Canaán negó de forma tajante las acusaciones de fraude contra el Estado dominicano vinculadas al contrato ejecutado por la empresa Transcore. Aseguró que el anticipo recibido fue utilizado para cubrir pagos a proveedores internacionales y para el desarrollo del proyecto, descartando cualquier manejo irregular de los recursos.
Asimismo, explicó que la ejecución del contrato comenzó en junio de 2023, antes de que se efectuaran los desembolsos estatales. Indicó que, durante ese período, la empresa operó mediante financiamiento bancario y capital privado, lo que, según afirmó, demuestra su compromiso con la obra.
En relación con las transferencias internacionales cuestionadas, precisó que correspondieron a la compra de equipos en distintos países, los cuales —según sostuvo— fueron importados cumpliendo con las normativas aduaneras.
El empresario también destacó que la red de semáforos instalada en el Gran Santo Domingo está actualmente en funcionamiento, argumentando que esto contradice la acusación de estafa, ya que el Estado recibió una infraestructura operativa cuyo valor supera el monto desembolsado.
Respecto a los cargos de sabotaje y terrorismo, cuestionó la base de la investigación y afirmó que las fallas del sistema obedecen a decisiones técnicas adoptadas por autoridades, pese a advertencias previas.
Sobre las acusaciones de lavado de activos vinculadas a la empresa Dekolor, aseguró que se trata de una compañía auditada, con ingresos provenientes de servicios legales prestados al Estado. También explicó que Aurix fue un proyecto tecnológico sin fines comerciales y que OML Inversiones es una empresa familiar dedicada a la gestión patrimonial.
En cuanto a las imputaciones relacionadas con la Ley de Armas, sostuvo que todas las armas en su poder fueron adquiridas legalmente y cuentan con permisos vigentes.
Finalmente, Gómez Canaán se refirió al impacto personal del proceso, reiterando que ha cumplido con las medidas impuestas y que permanecerá en el país mientras defiende su honor y patrimonio, denunciando la existencia de intereses que —según él— buscan despojarlo de sus bienes.
