Bajo cualquier criterio de medición —gasto público, impuestos o regulaciones— el sector público de la República Dominicana muestra un crecimiento evidente. Este fenómeno no solo responde a factores económicos, sino que también está marcado por decisiones políticas que impactan directamente la economía del país.
Uno de los principales aspectos de este crecimiento es el aumento en el gasto público, que abarca desde la contratación de personal hasta los subsidios a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) y las transferencias monetarias a los hogares. Sin embargo, estas decisiones no siempre responden a necesidades estrictamente económicas, sino que están impulsadas en gran parte por intereses políticos, con el fin de mantener o aumentar el apoyo popular.
La Teoría de la Elección Pública (o Public Choice) ofrece una perspectiva clave para comprender este fenómeno. Esta teoría, que estudia el comportamiento de las personas dentro de los partidos políticos y del sector público, sugiere que las decisiones tomadas por los actores políticos no siempre buscan el bienestar general, sino que son guiadas por intereses propios y estrategias de poder. James Buchanan, uno de los economistas más influyentes en este campo y Premio Nobel, destacó cómo las decisiones gubernamentales son motivadas por los incentivos personales de los políticos, más que por criterios económicos objetivos.
Además, otros economistas como Gordon Tullock, Mancur Olson y Anthony Downs han aportado a esta teoría, explicando cómo las decisiones políticas, más que las necesidades económicas reales, dictan el rumbo del crecimiento del sector público. Por ejemplo, Amilcare Puviani, quien formuló la teoría de la ilusión fiscal en el siglo XIX, mostró cómo los gobiernos manipulan la percepción de los ciudadanos sobre las políticas fiscales para obtener beneficios electorales sin tener que tomar decisiones impopulares.
El crecimiento del sector público dominicano, aunque puede ser positivo en ciertos aspectos, también plantea un riesgo si no se implementan reformas estructurales que fortalezcan las reglas institucionales. Sin tales reformas, el país podría seguir experimentando un aumento en el tamaño del estado sin lograr mejoras en la eficiencia económica.
Hoy en día, es cada vez más evidente que, en muchos países, las decisiones económicas han quedado en segundo plano frente a los intereses políticos. Sin frenos constitucionales ni reformas que establezcan reglas de juego más sólidas, prevalecen los incentivos para el oportunismo político, lo que afecta tanto la gestión pública como el crecimiento económico a largo plazo.
En resumen, el sector público en la República Dominicana continúa creciendo, pero este crecimiento está profundamente influenciado por decisiones políticas que, aunque pueden aliviar problemas inmediatos, también pueden crear distorsiones a largo plazo en la economía nacional. Sin cambios significativos en las estructuras políticas y económicas, este crecimiento podría continuar siendo una herramienta para consolidar poder más que para fomentar el desarrollo económico sostenible.
