El expresidente de la República, Hipólito Mejía, fijó su posición respecto al conflicto en torno a la explotación de oro en San Juan, al reconocer la importancia de la inversión privada pero aclarar que ninguna iniciativa económica debe estar por encima de la seguridad ambiental.
Posición sobre el Proyecto Romero
Mejía señaló que “en las condiciones actuales, sostenemos una posición desfavorable respecto a la explotación minera del Proyecto Romero en San Juan, debido a su ubicación en la Cordillera Central, dentro de la zona de influencia de la presa de Sabaneta, principal fuente de agua de la provincia”.
El exgobernante (2000-2004) abogó por una discusión sustentada en estudios técnicos que determinen mecanismos que pudieran dar paso a la explotación minera sin perjudicar el desarrollo de la demarcación.
“Hay posibilidades de desarrollar todos los sectores de la vida nacional. Y eso no tiene que preocupar a nadie. Ahora, politiquería y demagogia barata no deben existir en una zona pobre”, expresó.
Debate social y político
La propuesta de desarrollar el Proyecto Romero ha convertido a San Juan en el centro de un intenso debate entre sectores que favorecen la explotación y otros que la rechazan por los daños que supuestamente provocaría al desarrollo de la zona.
La discusión también ocupa espacios en las redes sociales, donde artistas, influencers y creadores de contenido se han pronunciado sobre el tema. Algunos incluso anunciaron su participación en la protesta convocada para este domingo.
Uno de ellos fue el exponente urbano Toxi Crow, quien reaccionó con tono sarcástico: “Estaba pensando en Cotuí y San Juan y me puse todo mi oro. Yo supongo que allá todo el mundo anda así”.
Respuesta empresarial
De su lado, la empresa responsable del proyecto, GoldQuest Mining Corp., aseguró que busca desarrollar en San Juan un modelo de minería “responsable, moderno y de bajo impacto”.
La compañía informó que respalda la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en el suroeste del país, aunque sostuvo que dicho estudio complementario no es requerido por ley.
Explicó que el objetivo es que cualquier decisión sea tomada “de manera consensuada, con rigor técnico y sustentada en evidencia científica y hechos verificables”.
