La Justicia de Argentina ratificó este viernes la validez de la totalidad de la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei, dejando sin efecto la medida cautelar que había suspendido 82 de los 218 artículos de la ley, luego de un reclamo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical del país.
La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12, a cargo de la magistrada Macarena Marra Giménez, que revocó la suspensión dictada el 30 de marzo por un tribunal laboral, la cual había limitado gran parte de la ley aprobada por el Congreso en febrero, alegando afectaciones a derechos laborales y sindicales.
Marra Giménez señaló que la presunta afectación a derechos o garantías “no se manifiesta de manera clara e inequívoca”, debido a la extensión y complejidad de los temas incluidos en la reforma.
El Ejecutivo había sostenido que la disputa debía resolverse en el fuero contencioso administrativo, al tratarse de la validez de una norma nacional, y solicitó a los tribunales laborales que se inhibieran de intervenir en el caso. Finalmente, la magistrada se declaró competente y reclamó el traslado del expediente desde el fuero laboral.
El conflicto judicial tuvo varios hitos: el 23 de abril, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la cautelar que suspendía los 82 artículos, y días después, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la competencia de Marra Giménez, resolviendo de manera definitiva la disputa sobre la jurisdicción.
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso extraordinario presentado por el Estado para acelerar la resolución, debido a que se había planteado antes de que se definiera la competencia y mientras la medida cautelar aún estaba vigente.
En su fallo, la magistrada destacó que la impugnación presentada por la CGT “requiere un análisis profundo de los derechos involucrados” y sostuvo que mantener la cautelar supondría “adelantar opinión” sobre el fondo del asunto.
El Gobierno celebró la decisión y afirmó que la ley constituye “una herramienta clave para fomentar el empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores”.
