San José. – La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, emitió este viernes un decreto que elimina los “beneficios penitenciarios” que reducían las condenas de los privados de libertad, en una de sus primeras medidas alineadas con su promesa de aplicar mano dura contra el crimen.
Durante la sesión del Consejo de Gobierno posterior a su investidura, Fernández enfatizó que “el año carcelario será de 360 días naturales, sin más concesiones que acortaran las penas”, y advirtió que los jueces ya no tendrán margen para interpretar la duración de las condenas de forma reducida.
La mandataria aseguró que su administración no permitirá el crimen organizado ni el narcotráfico, y que esta medida es parte de una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad nacional.
Fernández también anunció la construcción de una “mega cárcel” con capacidad para 5.000 internos, inspirada en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, así como la creación de un Centro de Control y Comando (C5) para combatir el crimen organizado.
Entre otras iniciativas, el Gobierno enviará a la Asamblea Legislativa proyectos para crear una Ciudad Gobierno que concentre edificios públicos, una marina y terminal de cruceros en Limón, y la explotación minera a cielo abierto en Crucitas.
Con 31 de los 57 diputados a favor, Fernández cuenta con mayoría simple en el Congreso para aprobar leyes ordinarias, aunque para reformas estatales o constitucionales necesitará negociar con la oposición para alcanzar los 38 votos requeridos.
En la investidura, la presidenta juramentó a su gabinete, encabezado por el expresidente Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia y de Hacienda, lo que ha generado críticas por una posible concentración de poder. La ceremonia contó con la presencia de delegaciones de 71 países, además de actos culturales y oraciones de líderes religiosos.
