Panamá enfrenta una fecha límite en junio de 2026 para aprobar una legislación que evite su exclusión del sistema financiero internacional. El país ha sometido el Proyecto de Ley 641 sobre Sustancia Económica, considerado clave para responder a las exigencias de la Unión Europea (UE) y organismos internacionales.
El problema de fondo
El inconveniente no radica en el sistema de renta territorial —modelo que también aplica en países como República Dominicana sin estar en listas restrictivas—, sino en la posibilidad de constituir sociedades sin empleados, oficinas ni presencia real, únicamente para recibir rentas del exterior libres de impuestos.
Ese esquema es lo que la UE califica como un régimen “pernicioso”, pues facilita la creación de estructuras opacas que pueden usarse para evasión fiscal o lavado de activos.
Riesgos para Panamá
El costo de mantener este vacío regulatorio es alto:
- Corresponsalías bancarias en riesgo, lo que afectaría las transacciones internacionales.
- Socios europeos que evitan operar con Panamá, limitando el acceso a mercados y servicios financieros.
Contenido del Proyecto de Ley 641
El PL 641 propone mantener la exención de impuestos sobre rentas pasivas de fuente extranjera, pero condicionada a la demostración de sustancia económica real en Panamá.
Esto significa que las sociedades que quieran beneficiarse deberán probar que cuentan con:
- Empleados contratados en el país.
- Oficinas físicas.
- Decisiones empresariales tomadas en territorio panameño.
En caso contrario, se aplicará una tasa de 15 % sobre la renta pasiva extranjera, incluyendo dividendos, regalías e intereses.
Debate técnico y consenso político
Actualmente existe un debate técnico sobre las definiciones y la base imponible, pero todo apunta a que hay consenso político para aprobar la ley antes del 5 de junio.
El verdadero riesgo no es que la norma no se apruebe, sino que las negociaciones la diluyan hasta el punto de que la UE no la considere suficiente en su evaluación prevista para octubre.
Contexto internacional
La presión sobre Panamá se enmarca en los esfuerzos globales contra la evasión fiscal y el uso de jurisdicciones consideradas “no cooperativas”. La UE ha endurecido sus criterios en los últimos años, exigiendo que los países con regímenes de renta territorial garanticen que las sociedades tengan actividad económica sustancial.
En este sentido, la Ley 641 se convierte en una pieza clave para que Panamá mantenga su credibilidad financiera internacional y evite sanciones que podrían limitar su acceso a corresponsalías bancarias y a la inversión extranjera.
