En El Salvador, el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), encabezado por el presidente Nayib Bukele, ha impulsado y ratificado al menos nueve reformas constitucionales durante sus dos legislaturas consecutivas en la Asamblea Legislativa, entre 2024 y 2026. Estos cambios han generado fuertes cuestionamientos de sectores opositores, organizaciones civiles y analistas, quienes afirman que las modificaciones estarían orientadas a fortalecer el poder presidencial.
Entre las reformas más controversiales se encuentra la habilitación de la reelección presidencial indefinida, así como la aprobación de la cadena perpetua para delitos como homicidio, violación y pertenencia a organizaciones terroristas, aplicables tanto a adultos como a menores de edad. Estas medidas han sido criticadas por abrir la puerta a una posible concentración del poder en la figura del mandatario.
Otro de los cambios relevantes fue la modificación del procedimiento de reforma constitucional, que ahora permite aprobar y ratificar enmiendas en una misma legislatura. Este ajuste ha facilitado la implementación rápida de nuevos cambios a la Carta Magna, según señalan expertos.
Asimismo, se han aprobado reformas que permiten la representación directa de salvadoreños en el exterior en el Congreso y que reducen la participación de los partidos políticos en la designación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. También se eliminó el financiamiento público para campañas electorales, lo que críticos consideran un golpe adicional a la oposición política.
Diversos analistas sostienen que estas reformas se han realizado con poca transparencia y escaso debate legislativo. Una experta consultada por medios internacionales afirmó que el proceso presenta fallas en su forma y contenido, y que responde a una tendencia de concentración del poder político.
Organizaciones como Cristosal han advertido que la reelección indefinida representa un riesgo para la democracia y podría consolidar la permanencia del actual presidente en el poder. Señalan además que estas medidas se dan en un contexto de creciente debilitamiento institucional.
Por su parte, el gobierno defiende las reformas argumentando que son necesarias para modernizar el sistema político, mejorar la gobernabilidad y responder a las demandas de la población salvadoreña.
