El presidente de Refidomsa y exejecutivo del Banco de Reservas, Samuel Pereyra, informó este domingo que inició acciones legales en el estado de Florida, Estados Unidos, contra Carlos Rubio, a quien acusa de extorsión, difamación y uso indebido de información e imágenes relacionadas con su persona y su familia, incluyendo a sus hijos menores de edad.
Denuncia pública
A través de una declaración, Pereyra explicó que la decisión responde a lo que calificó como un “esquema de chantaje”, alegando que tras negarse a entregar una “ayuda económica”, Rubio habría iniciado ataques sistemáticos en redes sociales con el propósito de afectar su reputación y exponer a su entorno familiar.
“He decidido recurrir a las instancias legales correspondientes, incluyendo jurisdicciones internacionales, con el propósito de proteger mis derechos y los de mi familia, así como de establecer un precedente frente a este tipo de conductas”, expresó.
Libertad de expresión y límites
El dirigente sostuvo que respeta plenamente la libertad de expresión y el derecho a la crítica responsable, pero advirtió que esas garantías no pueden utilizarse para difundir informaciones falsas ni ejercer presión con fines económicos indebidos.
Pereyra afirmó que durante sus años de vida pública nunca había considerado necesario responder públicamente a ataques o comentarios de terceros, pero aseguró que la situación actual lo obligó a pronunciarse debido a que involucra directamente a su familia.
“Una cosa es aceptar los ataques que usualmente vienen con la exposición pública y otra muy diferente es permitir que utilicen lo más sagrado que tengo en la vida, mi familia, para tratar de extorsionarme”, indicó.
Consecuencias sociales
El presidente de Refidomsa advirtió sobre las consecuencias sociales e institucionales que generan este tipo de prácticas, al considerar que pueden desmotivar la participación en el servicio público de ciudadanos serios, preparados y comprometidos con el país.
Finalmente, hizo un llamado a empresarios, políticos, funcionarios públicos, periodistas y demás sectores de la sociedad a rechazar los esquemas de chantaje y extorsión.
“No podemos permitir que personas sin escrúpulos utilicen las redes sociales para destruir familias, carreras y reputaciones”, concluyó.
