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El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. colaboró en la investigación del expresidente español Zapatero

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) brindó asistencia a la policía española en la investigación que condujo a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales, según confirmó un portavoz de la agencia a Reuters.

El procedimiento, dirigido por el juez de Instrucción número 4, José Luis Calama, incluyó registros en la oficina del expresidente y en la consultora de marketing de sus hijas, Análisis Relevante. Según la investigación, la empresa simulaba servicios de asesoría, generaba contratos y facturas para dar apariencia de legalidad a los pagos y buscaba influir en la concesión de ayudas públicas aprovechando la red de contactos de Zapatero.

El DHS indicó que su oficina en Madrid “colaboró con la Policía Nacional en una investigación sobre el blanqueo de fondos públicos internacionales”, aunque declinó ofrecer detalles específicos del caso, reafirmando su compromiso de trabajar con socios internacionales para combatir la delincuencia global y proteger el Estado de derecho.

El escándalo, centrado en el rescate de 53 millones de euros otorgado en 2021 a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, ha generado un fuerte impacto político en España y ha puesto en una posición delicada al presidente Pedro Sánchez, aliado cercano de Zapatero. Sánchez expresó públicamente su respaldo al imputado y descartó la convocatoria de elecciones anticipadas.

La causa también involucra a Rodolfo Reyes, empresario vinculado a Plus Ultra, de cuya información extraída por el HSI se sirvió la policía española para avanzar en la investigación. Según el auto, Reyes controlaba hasta hace seis meses una parte significativa de la aerolínea y fue objeto de un registro domiciliario. Interceptaciones telefónicas revelan conversaciones que mencionan a Zapatero en relación con la gestión de ayudas públicas a la compañía.

La imputación sitúa a Zapatero como presunto líder de “una estructura jerarquizada de tráfico de influencias” que habría operado utilizando empresas ficticias, documentos falsificados y circuitos financieros opacos para encubrir el origen y destino de aproximadamente 1,95 millones de euros.

El caso también reaviva el foco sobre operaciones internacionales de blanqueo de fondos vinculadas a Venezuela, Rusia e Irán, que habían sido objeto de seguimiento por las autoridades estadounidenses, incluyendo el banco suizo MBaer, relacionado con movimientos financieros asociados a la aerolínea y otras transacciones sospechosas.

Mientras la oposición, encabezada por Alberto Núñez Feijóo y otros partidos, cuestiona la gestión del Gobierno y exige aclaraciones, Zapatero mantiene actividad política, participando en actos de apoyo al PSOE y actuando como mediador internacional en procesos diplomáticos, incluyendo la liberación de presos políticos en Venezuela.

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