El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que obliga a bancos y entidades financieras estadounidenses a reforzar la vigilancia de las transferencias internacionales, una medida que podría afectar directamente el flujo de remesas hacia México.
La directriz, titulada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos” y fechada el 19 de mayo, instruye al Departamento del Tesoro a emitir, en los próximos 60 días, un aviso formal a las instituciones bancarias sobre los riesgos asociados a:
- Transferencias transfronterizas de bajo monto, consideradas posibles vehículos de actividades ilícitas.
- Uso de plataformas de pago entre particulares y procesadores de pagos de terceros para envíos fuera del registro oficial.
- Patrones de retiros o depósitos pequeños y recurrentes, práctica conocida como “estructuración”.
Además, la orden exige reforzar los programas de identificación de clientes, incluyendo la posibilidad de solicitar información sobre el estatus migratorio cuando se detecten señales de riesgo. Aunque no menciona directamente la palabra “remesas”, la medida impacta a millones de migrantes que envían dinero a sus familias en México.
Impacto en México
México es el tercer país receptor de remesas a nivel mundial, con ingresos superiores a 64 mil millones de dólares en 2025, la mayoría provenientes de Estados Unidos. La orden no prohíbe los envíos, pero permite que los bancos incrementen la supervisión, pidan documentación adicional o incluso rechacen transferencias de migrantes sin estatus legal, un grupo que constituye gran parte de quienes envían dinero a sus familias.
Uno de los puntos más sensibles es la mención del ITIN (número de identificación fiscal individual), documento utilizado por muchos migrantes indocumentados para abrir cuentas y realizar transferencias. La orden señala que su uso “puede ser considerado un factor de riesgo que requiere mayor diligencia”, lo que podría complicar el acceso a servicios financieros.
Próximos pasos
En los próximos dos meses, reguladores como la Reserva Federal y la FDIC deberán publicar guías específicas sobre cómo manejar riesgos financieros asociados a migrantes sin autorización laboral, lo que podría endurecer también el acceso a créditos y préstamos hipotecarios para este grupo en Estados Unidos.
