La jueza Dania Abreu, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Azua, ordenó la imposición de medidas de coerción contra un agrimensor señalado en una presunta red dedicada a la falsificación de documentos con el objetivo de despojar a un ciudadano de una extensa porción de terreno.
La magistrada dispuso que el imputado cumpla con presentación periódica durante seis meses y el pago de una garantía económica de RD$100,000, mientras avanza el proceso judicial.
De acuerdo con la acusación, el profesional habría participado en un esquema delictivo que buscaba apropiarse de aproximadamente 94,000 metros cuadrados de terreno propiedad de Erotido Decena Liriano, ubicados en la zona de Playa La Caobita.
Las autoridades señalan que la supuesta red estaría integrada por varios individuos, descritos como una estructura de “traje fino y corbata”, quienes habrían actuado en conjunto para intentar obtener de manera fraudulenta la propiedad.
El caso continúa bajo investigación mientras el tribunal mantiene las medidas impuestas al imputado.
