La Cámara de Diputados aprobó este martes, en segunda lectura, un proyecto de ley que modifica la Ley 21-18 sobre la regulación de los estados de excepción, con el propósito de establecer un régimen de sanciones más estricto para quienes incumplan las disposiciones emitidas durante situaciones de emergencia.
La iniciativa, impulsada por el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, incorpora más de veinte artículos nuevos que buscan definir con mayor precisión las consecuencias legales aplicables a ciudadanos, comercios y empresas que desobedezcan las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo en este tipo de escenarios.
El proyecto contempla sanciones como multas económicas, arrestos temporales, retención de personas y el cierre de establecimientos comerciales que operen en violación de las restricciones establecidas. Asimismo, clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, dependiendo del nivel de afectación a la salud pública, la seguridad y el orden social.
La propuesta también establece castigos para quienes incumplan restricciones de circulación, medidas sanitarias o de seguridad, así como para aquellos que se resistan a las autoridades o agredan verbal o físicamente a los agentes encargados de hacer cumplir las disposiciones. En casos de reincidencia, las sanciones serán más severas.
Además, la normativa otorga mayores facultades a la Policía Nacional y al Ministerio Público para ejecutar arrestos preventivos y aplicar medidas dentro del marco legal durante los estados de excepción. También permite la suspensión temporal de actividades comerciales cuando se verifique el incumplimiento reiterado de las normas.
La iniciativa busca llenar vacíos legales detectados desde la pandemia del COVID-19, periodo en el que muchas restricciones fueron aplicadas mediante disposiciones administrativas sin un régimen sancionador claramente definido en la ley.
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto deberá ser conocido ahora por el Senado de la República, donde continuará el proceso legislativo correspondiente para su eventual aprobación definitiva y posterior conversión en ley.
