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Jueza rechaza extinción de acción penal contra Donald Guerrero

Jueza rechaza extinción de acción penal contra Donald Guerrero

La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, rechazó este viernes la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero, dentro del proceso que involucra al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y otros exfuncionarios acusados de presunta corrupción administrativa.

Argumentos del tribunal

Al exponer las motivaciones de su decisión, Ramírez sostuvo que las dilaciones registradas durante el conocimiento de la audiencia preliminar no constituyen motivos suficientes para declarar extinguida la acción penal.

¿Podemos decir que estas situaciones, esas dilaciones, pudieran dar lugar a la declaratoria de una extinción de la acción penal conforme a un análisis objetivo de los requisitos que establece la norma para acceder a este tipo de situaciones? Entendemos que no”, expresó la jueza en rechazo a la solicitud de los abogados de Guerrero.

Garantía de derechos

La magistrada explicó que gran parte de los aplazamientos estuvieron relacionados con la necesidad de garantizar el derecho de defensa de todas las partes involucradas, así como con incidentes y solicitudes presentadas por los propios actores del expediente.

“El ejercicio de un derecho que tienen las partes no puede ser computado como un motivo de dilación”, afirmó Ramírez, al desestimar el argumento de la defensa de que el tiempo transcurrido en el proceso justificaba la extinción de la acción penal.

Complejidad del caso

La jueza agregó que la complejidad del caso y la cantidad de personas involucradas hicieron imposible cumplir de manera estricta con los plazos establecidos en el Código Procesal Penal, aunque insistió en que esas circunstancias fueron analizadas detalladamente por el tribunal antes de rechazar el pedimento.

El proceso forma parte del expediente Operación Calamar, en el que el Ministerio Público acusa a exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina de presuntas maniobras fraudulentas con fondos públicos, incluyendo pagos irregulares y esquemas de extorsión.

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