El equipo de defensa del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta Fernández, afirmó este domingo que el fallo de no ha lugar emitido por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional evidenció la ausencia de pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su defendido en el denominado caso Calamar.
Argumentos de la defensa
Los abogados Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez sostuvieron que la decisión, emitida por la jueza Altagracia Ramírez, refleja lo que calificaron como debilidades en el expediente presentado por el Ministerio Público.
Según indicaron en un comunicado, la acusación estuvo sustentada en relatos, interpretaciones y afirmaciones que, a su juicio, carecían de soporte probatorio verificable. “Este fallo pone de manifiesto una verdad jurídica ineludible: nadie puede ni debe ser enviado a un juicio de fondo cuando el expediente carece de elementos probatorios reales. La presunción de inocencia no puede ser desplazada por narrativas mediáticas ni por percepciones alejadas de la evidencia”, expresaron los juristas.
Documentos presentados
La defensa señaló que durante el proceso fueron aportadas auditorías, certificaciones oficiales, documentos financieros y otros elementos que demostraban la inexistencia de actos ilícitos atribuibles a Peralta Fernández y la falta de vinculación directa con los hechos imputados.
Asimismo, sostuvo que parte de la documentación incorporada por el Ministerio Público favorecía la posición de su representado. “Muchos de los propios documentos y certificaciones incorporados por el Ministerio Público terminaron favoreciendo el descargo del señor José Ramón Peralta Fernández, al evidenciar su correcto proceder y la ausencia de elementos que comprometieran su responsabilidad penal”, indicó la barra de defensa.
Contexto del caso
El fallo de no ha lugar se produjo en el marco del proceso judicial por presunta corrupción administrativa en perjuicio del Estado, conocido como Operación Calamar, en el que también figuran otros exfuncionarios y empresarios.
La decisión del tribunal ha generado reacciones encontradas, mientras el Ministerio Público anunció que apelará la sentencia por considerar que hubo errores en la valoración de las pruebas.
