La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes la creación de una línea telefónica 0800-Extorsión para que los ciudadanos denuncien casos de soborno y extorsión cometidos por funcionarios policiales, fiscales o jueces. La medida se enmarca en el proceso de consulta nacional para reformar la justicia penal, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.
Lucha contra la corrupción judicial
“Quiero acabar con la matraca y la extorsión, se acabó, el pueblo venezolano lo pide”, señaló Rodríguez durante el acto de instalación de la consulta. La mandataria pidió la colaboración de los ciudadanos y de los organismos de seguridad para preservar la dignidad de las instituciones públicas.
Rodríguez explicó que la línea fue creada porque “no es justo que los policías, jueces y fiscales honestos paguen por aquel que extorsiona al ciudadano”.
Consulta nacional
El evento se realizó en el marco del Programa Seguridad Hídrica del embalse Hatillo para abastecimiento de agua potable de Sánchez Ramírez y el Gran Santo Domingo. Allí se discutieron los nueve grandes temas que marcarán la reforma judicial: el retardo procesal, el acceso a la justicia, la ética y la independencia del Poder Judicial, entre otros.
El fiscal general, Larry Devoe, explicó que habrá un mecanismo de consulta general para escuchar la opinión de comunidades organizadas, movimientos de derechos humanos, mujeres, campesinos, jóvenes, indígenas y trabajadores. También se desarrollará una consulta específica con los actores del sistema de justicia penal “con una mirada autocrítica”.
“Venimos aquí a este proceso a revisar cada uno de los procesos, de las prácticas, de los modos de proceder que estamos desarrollando cada uno de los actores del sistema de justicia para mejorar, para transformar”, agregó Devoe.
Retos identificados
El pasado 22 de mayo, Rodríguez había señalado tres grandes desafíos de la justicia venezolana:
- El retardo procesal.
- La corrupción judicial.
- La criminalización de la pobreza, tras determinar que el 68 % de las personas encarceladas en el país pertenecen a estratos económicos y sociales menos favorecidos.
Compromiso institucional
Rodríguez subrayó que el objetivo es construir un sistema de justicia “a la altura del momento histórico que se juega Venezuela, a la altura de la necesidad moral y ética que necesita esta república”.
La mayoría de los asistentes valoró positivamente la iniciativa y coincidió en la necesidad de promover mecanismos que fortalezcan la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
