Representantes del exilio cubano, junto a empresarios y miembros de la comunidad, se reunieron este lunes en Miami para defender la idea de recuperar la vigencia de la Constitución de 1940 como pilar jurídico e histórico en un eventual proceso de cambio político en Cuba.
El encuentro tuvo lugar en el Museo Cubano de la Diáspora y estuvo centrado en la defensa de la continuidad institucional de la República cubana, así como en el rechazo a que una futura transición mantenga elementos del sistema político instaurado tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959.
Los participantes destacaron que la Constitución de 1940 es considerada la última Carta Magna aprobada de forma democrática en la isla, por lo que la ven como una base legítima para reconstruir las instituciones del país. En ese sentido, insistieron en la necesidad de un marco legal con respaldo histórico y representación nacional para cualquier proceso de democratización.
Durante la reunión también se abordó el impacto de la política de Estados Unidos hacia Cuba. El presidente estadounidense Donald Trump ha reforzado en su segundo mandato las medidas de presión sobre el gobierno cubano, con acciones dirigidas a restringir el suministro de petróleo y limitar sus fuentes de financiamiento. Asimismo, en mayo se impulsaron acusaciones contra el exmandatario cubano Raúl Castro relacionadas con un incidente de 1996 que involucró la muerte de pilotos del grupo Hermanos al Rescate.
En el evento participaron figuras como la alcaldesa de Miami-Dade Daniella Levine Cava, el presidente del Museo Cubano de la Diáspora Marcel Felipe, el exjefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba Jim Cason y la presidenta de Miami Dade College Madeline Pumariega.
Los ponentes subrayaron especialmente los derechos individuales y garantías constitucionales recogidos en el Título IV de la Constitución de 1940, que consideran equivalente al “Bill of Rights” estadounidense. Argumentaron que su recuperación podría servir como base para una transición democrática sustentada en instituciones consideradas legítimas y representativas.
