El Congreso de Bolivia aprobó este domingo una ley que habilita al presidente Rodrigo Paz a recurrir a las Fuerzas Armadas para liberar rutas bloqueadas por manifestantes, en un contexto de creciente tensión social y una severa crisis económica.
El mandatario Rodrigo Paz recibió luz verde legislativa tras una extensa sesión de 15 horas en la Cámara de Diputados, que ya había sido avalada previamente por el Senado. La norma permite la intervención militar en carreteras tomadas por protestas que se mantienen desde hace cinco semanas.
Las movilizaciones, encabezadas por campesinos, mineros, transportistas y otros sectores laborales, se han extendido por gran parte del país y exigen la renuncia del presidente, en medio del descontento por la peor crisis económica que atraviesa Bolivia en cuatro décadas.
Los bloqueos se registran en alrededor de 80 puntos del territorio nacional, con rutas obstruidas por piedras, troncos y escombros, lo que ha provocado una fuerte escasez de alimentos, medicinas y combustible en ciudades como La Paz y El Alto, además de afectar a regiones como Cochabamba, Oruro y Potosí.
En paralelo, el gobierno evalúa declarar un estado de excepción, medida que ampliaría el uso de la fuerza militar y podría restringir derechos de reunión y libre circulación, fundamentales para las protestas sociales.
Uno de los puntos más debatidos de la ley es el artículo que otorga a policías y militares “presunción de legalidad” durante el estado de excepción, lo que busca brindar respaldo jurídico a las fuerzas de seguridad en el uso de la fuerza. El oficialismo sostiene que esta disposición es clave para actuar frente a la violencia, mientras que críticos advierten sobre posibles abusos.
Las tensiones ya han dejado enfrentamientos, como el ocurrido en San Julián, en la región de Santa Cruz, donde la policía utilizó gases lacrimógenos contra manifestantes, con saldo de heridos entre agentes y civiles.
El Ejecutivo ha intentado sin éxito abrir canales de diálogo con los sectores movilizados, que inicialmente reclamaban mejoras salariales y demandas sociales, pero ahora exigen directamente la dimisión del presidente.
El gobierno también ha señalado al expresidente Evo Morales como presunto impulsor de las protestas, acusación que él rechaza desde su bastión político en el Chapare, mientras enfrenta además una orden de captura por un caso que niega.
La situación se desarrolla en un clima de alta tensión institucional y social, con la posibilidad de una mayor intervención militar en las próximas semanas si continúan los bloqueos y no se logra un acuerdo político.
