El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió este lunes postergar la audiencia del juicio de fondo contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, acusado de presunta corrupción por más de 6 mil millones de pesos, debido a la ausencia de uno de los imputados.
La defensa de Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría General de la República, presentó una constancia médica para justificar su inasistencia. Rodríguez Imbert, quien ya se declaró culpable en el juicio preliminar, señaló directamente a Jean Alain como responsable de los hechos.
Un expediente con múltiples acusados
Además del exprocurador y Rodríguez Imbert, otros 13 acusados enfrentan el juicio de fondo. Entre ellos:
- Javier Alejandro Forteza Ibarra, exencargado de Tecnología de la Información del Ministerio Público.
- Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector financiero de la Procuraduría.
- Jonathan Loanders Medina, exencargado de Compras.
- Altagracia Guillén Calzado, excoordinadora administrativa y financiera.
- Rafael Antonio Mercedes Marte, excontador del Ministerio Público.
- Isis Tapia Stefanni, exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones.
El expediente también involucra a otros señalados por el Ministerio Público, como Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya, además de varias empresas vinculadas: Desarrollo, Individuo y Organización (DIO, S.R.L.), Fire Controll Systems S.R.L., y Lirtec S.R.L.
Cinco años en los tribunales
El proceso penal contra Jean Alain Rodríguez y los demás acusados cumple este mes cinco años en los tribunales, de los cuales dos corresponden al juicio de fondo. La prolongación del caso ha generado críticas sobre la lentitud de la justicia y la complejidad de un expediente que involucra a exfuncionarios, técnicos y proveedores de la Procuraduría General de la República.
Contexto del caso
El Ministerio Público acusa a los imputados de conformar una red de corrupción que habría desviado fondos públicos mediante contratos irregulares, sobrevaluaciones y pagos ilícitos. La defensa de Jean Alain ha intentado en varias ocasiones que se declare la extinción de la acción penal, alegando violaciones procesales, pero los tribunales han rechazado esas solicitudes.
La postergación de la audiencia refleja las dificultades de avanzar en un proceso con tantos acusados y pruebas, donde cada incidente puede retrasar el calendario judicial. Para la sociedad dominicana, el caso se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción y en una prueba de la capacidad del sistema judicial para sancionar a altos exfuncionarios.
