Centenares de ciudadanos de diferentes organizaciones sociales se movilizaron este martes en la plaza San Francisco, en La Paz, para exigir al Gobierno de Bolivia la declaratoria de un estado de excepción que permita frenar la ola de bloqueos y protestas que afectan al país desde inicios de mayo.
Los manifestantes, integrados por plataformas cívicas, comerciantes, mineros, asociaciones religiosas y otros sectores, participaron en un cabildo ciudadano donde expresaron su rechazo a las medidas de presión impulsadas por sindicatos campesinos, obreros y grupos afines al expresidente Evo Morales. Asimismo, demandaron acciones más firmes por parte del Gobierno del presidente Rodrigo Paz para restablecer el orden.
Durante la asamblea, el presidente del Comité Multisectorial de La Paz, Leonel Cóndor Huayra, leyó un pronunciamiento en el que se cuestionó duramente el uso de bloqueos como método de protesta. Además, se pidió la renuncia de varios dirigentes sindicales, entre ellos el representante de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo.
En el mismo pronunciamiento también se exigió la detención del expresidente Morales y la salida del vicepresidente Edmand Lara, a quien los sectores movilizados señalan como opositor al Gobierno.
Por su parte, el líder de las Iglesias Evangélicas Unidas, Luis Aruquipa, informó que se presentó un recurso legal para solicitar que el Ejecutivo aplique el estado de excepción en las regiones más afectadas por los conflictos.
De forma paralela, en la ciudad de Sucre también se registraron concentraciones ciudadanas con pedidos similares, donde distintos sectores exigieron una solución inmediata a la crisis mediante mecanismos legales que permitan restablecer la normalidad.
El Gobierno boliviano aprobó recientemente una ley que regula los estados de excepción, lo que habilita la posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas en el control del orden público. Sin embargo, su aplicación no es automática y requiere un decreto presidencial y aprobación legislativa.
Mientras tanto, el Ejecutivo responsabiliza a Evo Morales de promover la violencia en las protestas y de financiar estas movilizaciones con recursos ilícitos vinculados al narcotráfico, acusaciones que el exmandatario ha rechazado.
Las protestas y bloqueos han generado graves consecuencias en el país, incluyendo desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos en varias ciudades, además de pérdidas económicas millonarias y al menos diez fallecidos, algunos por falta de atención médica oportuna debido al cierre de carreteras.
