La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago volvió a aplazar este viernes la audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción contra tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, señalados por el Ministerio Público como integrantes de una presunta red que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y perjudicado a pacientes con cáncer.
Con esta decisión ya suman dos aplazamientos en el proceso derivado de la Operación Onco14. La jueza Stefany Reyes Santiago reprogramó la audiencia para el próximo martes 23 de junio a las 4:30 p.m.
Razones del aplazamiento
La procuradora Mirna Ortiz, titular de la Pepca, explicó que la suspensión se debió a la incomparecencia del abogado Juan Francisco Rodríguez Consoró, representante legal de uno de los imputados.
«El Ministerio Público vino una vez más listo para el conocimiento de esta medida de coerción. Sin embargo, los abogados de las defensas decían no estar preparados y en el caso de Héctor Lora su abogado no se presentó», declaró Ortiz.
La jueza advirtió a la defensa de Héctor Antonio Lora Cruceta que una nueva ausencia injustificada podría derivar en la declaración de abandono de la defensa.
Víctimas y alcance de la investigación
Ortiz subrayó que el SeNaSa figura entre las principales víctimas del entramado de corrupción y que en calidad de afectado también ha presentado querella.
La procuradora adelantó que las investigaciones continúan abiertas y podrían producirse nuevos apresamientos y allanamientos.
Los imputados
Por este caso fueron arrestados:
- Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
- Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
- Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato.
De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados habrían utilizado mecanismos fraudulentos para sustraer fondos destinados a la atención médica de pacientes con cáncer del régimen subsidiado, en perjuicio del Estado dominicano y del SeNaSa.
