El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó este sábado el estado de excepción con el objetivo de restablecer la circulación en las principales carreteras del país, tras más de siete semanas de protestas y cierres de vías impulsados por organizaciones campesinas y sectores afines al expresidente Evo Morales.
El mandatario informó la medida mediante un mensaje televisado y publicaciones en redes sociales, argumentando que los bloqueos han afectado gravemente la vida cotidiana de millones de ciudadanos al impedir el acceso al trabajo, la educación, los servicios de salud y el abastecimiento de productos básicos.
Según el Gobierno, la disposición no contempla la suspensión de garantías constitucionales, aunque prohíbe expresamente los bloqueos de carreteras y el uso de armas, explosivos o cualquier elemento que promueva actos de violencia. Asimismo, las Fuerzas Armadas brindarán apoyo temporal a la Policía para resguardar rutas estratégicas e infraestructura esencial.
Durante su intervención, Paz aseguró que inicialmente apostó por el diálogo para atender las demandas sociales, pero afirmó que algunos grupos transformaron las protestas en una estrategia destinada a desestabilizar al Gobierno. Incluso calificó la situación como un intento de golpe de Estado impulsado por estructuras políticas vinculadas al Chapare, principal bastión político y sindical de Morales.
El presidente también denunció que la crisis ha provocado consecuencias económicas «incalculables», además de generar sufrimiento y pérdidas humanas. De acuerdo con datos oficiales, el conflicto ha dejado al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por falta de atención médica oportuna debido a las interrupciones en las vías de comunicación.
Aunque la Central Obrera Boliviana (COB) decidió levantar las medidas de presión tras alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo, los sindicatos campesinos de La Paz y los seguidores de Morales rechazaron el pacto y anunciaron que continuarán con las movilizaciones hasta lograr la renuncia del mandatario.
Los bloqueos han ocasionado escasez de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, además de pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares, profundizando la crisis política y social que atraviesa Bolivia.
