El Tribunal Supremo de España condenó este lunes al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión, y a su exasesor Koldo García a 19 años, 8 meses y un día de cárcel, por su responsabilidad en el denominado caso mascarillas, relacionado con contratos públicos durante la pandemia de COVID-19.
La sentencia fue aprobada por unanimidad de los siete magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que encontraron a los acusados responsables de los delitos de organización criminal, cohecho, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
El empresario Víctor de Aldama fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por los delitos de organización criminal y cohecho. Sin embargo, el tribunal suspendió la ejecución de la pena debido a su colaboración con la Justicia, bajo la condición de no cometer nuevos delitos, presentar informes semestrales de actividades y cumplir trabajos en beneficio de la comunidad durante un año.
La resolución judicial considera probado que los tres formaron una estructura organizada con distribución de funciones para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos. Entre los hechos acreditados figura la adjudicación del suministro de 13 millones de mascarillas a Puertos del Estado y ADIF a una empresa vinculada a Aldama.
El alto tribunal también determinó la existencia de pagos mensuales de 10.000 euros destinados a “gastos fijos” de Ábalos, además de contrataciones de personas relacionadas con el exministro en empresas públicas, el pago de viviendas y otros beneficios obtenidos mediante gestiones vinculadas a contratos y decisiones administrativas.
La sentencia destaca que las prácticas de corrupción provocaron un grave daño a la confianza ciudadana en las instituciones públicas, al considerar que este tipo de conductas debilitan los principios democráticos y afectan la credibilidad del sistema político.
El caso, conocido como caso mascarillas dentro de la investigación denominada caso Koldo, tuvo un fuerte impacto político por involucrar a antiguos colaboradores del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y a figuras vinculadas al Partido Socialista Obrero Español.
La decisión del Supremo marca una de las condenas más relevantes por corrupción política en España en los últimos años.
