Una operación conjunta del Ministerio Público e Inteligencia de la Dirección General de Migración (DGM) llevó al arresto de un inspector de control migratorio que exigió a una mujer la entrega de un soborno de RD$100 mil para facilitar su salida hacia el Reino de España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El imputado Carlos Javier Sánchez se encontraba bajo vigilancia y fue sorprendido cuando iba a recibir el dinero durante una entrega controlada autorizada por una jueza. La investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, con el apoyo de la Dirección de Inteligencia Migratoria.
La operación contó con el respaldo de varios equipos de inteligencia de la institución. La entrega controlada del dinero fue realizada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento del Ministerio Público, representado en la acción por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.
La intervención se realizó bajo el amparo del Auto núm. 02535-2026, emitido el 26 de junio de 2026 por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
El Ministerio Público informó que esta acción forma parte de las iniciativas implementadas para combatir la corrupción y el crimen organizado, mediante operaciones preventivas y coordinadas con otras instituciones del Estado.
El inspector migratorio fue perseguido y arrestado en el momento en que intentaba recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, durante la entrega controlada previamente autorizada por la autoridad judicial.
El Ministerio Público indicó que procederá a presentar al imputado ante la justicia en las próximas horas para solicitar medidas de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.
