Un tribunal de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva contra dos de los procesados en la Operación Onco14, una investigación que involucra una presunta estructura dedicada a realizar maniobras fraudulentas en perjuicio del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes afectados por el cáncer y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La medida de coerción fue dictada contra Héctor Antonio Lora Cruceta y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, quienes deberán cumplir la prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, en Santiago. En tanto, Dilcia Isabel Vargas Sánchez deberá permanecer bajo arresto domiciliario.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago declaró complejo el proceso, luego de acoger la solicitud presentada por el Ministerio Público, que aseguró contar con pruebas suficientes para vincular a los imputados con los hechos investigados.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que el tribunal valoró la fortaleza de los elementos presentados por el órgano persecutor.
“Seguiremos investigando, habrán más imputados”, manifestó Ortiz, quien explicó que la acusación está sustentada en pruebas periciales que, según indicó, permitieron establecer la relación de los procesados con las irregularidades denunciadas.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los imputados estarían involucrados en hechos como fraude clínico y farmacéutico, modificación de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos destinados a pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao.
El expediente también contempla alegadas irregularidades relacionadas con la venta de medicamentos donados, cobros por servicios y tratamientos no suministrados, uso indebido de recursos, gastos de representación ilegítimos, reembolsos fraudulentos de viajes y hoteles, sabotaje digital, sustracción de archivos y lavado de activos.
Entre los señalados figura Héctor Antonio Lora Cruceta, quien fue presidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien ocupó funciones de vicepresidenta y auditora dentro del patronato.
Según el órgano investigador, los procesados habrían utilizado distintas entidades y mecanismos financieros para desviar fondos del patronato, incluyendo supuestos pagos irregulares de salarios, viáticos y otros beneficios económicos.
Ortiz indicó que, hasta el momento, el Ministerio Público no mantiene acuerdos de cooperación con los imputados y aseguró que la investigación continúa abierta para determinar si existen más personas involucradas en el caso.
